La historia de España respecto al dilema empresa pública versus empresa privada ha sido un cúmulo de claroscuros a lo largo del último siglo. Aún en la década de los 20, con la dictadura de Primo de Rivera, comenzó la primera expansión de gran calado del sector público mediante la creación de importantes compañías financieras auspiciadas por el régimen (véase el Servicio Nacional de Crédito Agrícola o el Crédito Local) y monopolios estatales en otros sectores emergentes como Campsa o Telefónica.
Sin embargo, el gran aterrizaje de la empresa pública en España vino de la mano del ministro falangista José Antonio Suanzes mediante la creación del Instituto Nacional de Industria (INI), un entramado o holding industrial, copia del IRI fascista italiano.
Se trataba de un conglomerado diseñado para la consolidación del Estado como protagonista principal en la economía autárquica mediante el establecimiento de un conjunto de monopolios públicos que aglutinarían a todos los agentes de los sectores estratégicos españoles de forma contraria a los principios de libre mercado y comercio abierto con el resto del mundo.
Sin embargo, esta situación estaba condenada al fracaso y al infradesarrollo económico. Una inflación del 15%, una deuda pública potencialmente incontrolable y una balanza comercial lamentable acompañada por el paupérrimo comportamiento de la peseta durante los primeros años 50 fueron los resultados de este modelo.
La solución no tardaría en llegar. Tras duros años de posguerra y economía fuertemente intervenida, la primera serie de liberalizaciones y pérdida de peso de la empresa pública en la economía española -ún en dictadura- vinieron de la mano del Plan de Estabilización de 1959.
Un nuevo sistema estaba en marcha, un plan concretado en una política económica que permitió a la economía española despegar como un avión a partir de la década de los 60 hasta la crisis del petróleo, ya en vísperas del fin del régimen franquista. Sin embargo, el INI no desapareció y continuó su actividad en la democracia sobreviviendo a los grandes procesos de desindustrialización y apertura europea de los años 80.
El Instituto Nacional de Industria socialista
En 1995, el Ejecutivo de Felipe González creó la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) mediante el Real Decreto 5/1995, entidad pública destinada a "la obtención de mayor rentabilidad de las acciones y participaciones, la fijación de criterios acorde con el interés público, y la gestión y amortización de la deuda generada por el Instituto Nacional de Industria". En definitiva, un entramado que vendría a sustituir al mismísimo INI y cuya intención sería paliar los errores cometidos en la gestión del mismo.
Sin embargo, la solución no vendría mediante el establecimiento de una nueva gestión política de empresas públicas. A partir de ese mismo año, y a raíz de la caída del gobierno socialista, comenzó la privatización de medio centenar de grandes empresas todavía controladas por el heredero del Instituto Nacional de Industria y, por lo tanto, por el Estado; etapa de privatizaciones que coincidió en el tiempo con el segundo gran milagro económico español del último siglo. Telefónica, Iberia, las energéticas, Aceralia o Coosur fueron algunos de esos ejemplos en un proceso que se intensificó entre 1998 y 2002.
El estado actual del SEPI
A día de hoy, y según datos oficiales, 16 empresas son propiedad de la SEPI. De las mismas, nueve le pertenecen en un 100% -o muy cercano a esta cifra-, tres están participadas entre un 61% y un 95% y otras tres rondan el 51% del capital social en manos de la SEPI, sin olvidarnos de otras cuantas propiedad de éstas y en las que la Sociedad Estatal participa de forma indirecta, como SADIM o EBRO FOODS. A su vez, los sectores a los que estas sociedades pertenecen son múltiples y variados: comunicación, construcción (NAVANTIA o IZAR), energía (grupo ENUSA) o tabaco (con CETARSA) son algunos de ellos.
La realidad actual es que, de las 15 sociedades controladas por la SEPI a día de hoy -sin contar COFIVAPASA, creada para gestionar la liquidación de las mismas-, la mitad ha presentado pérdidas en el año 2014, destacando entre las mismas los Grupos TAGSA, NAVANTIA y HUNOSA, con cifras negativas de 32, 27 y 16 millones de euros en su rendimiento después de impuestos, respectivamente.
Mención aparte merece el gran elefante público de Radio Televisión Española (RTVE) -con pérdidas de 113 millones en el ejercicio 2013- que, junto con la Agencia EFE, también con un resultado negativo de algo más de 4 millones, tiene el dudoso honor de ser una de las dos compañías de comunicación que aún forman parte del entramado estatal creado.
Ante esta situación, otro dilema surge para el gobierno resultante de los próximos comicios del 20-D: las decisiones a tomar con estas empresas, muchas de ellas deficitarias, aún bajo control público. En esta situación de tímido crecimiento económico surge la posibilidad de llevar a cabo políticas como las desarrolladas en Reino Unido o Suecia en los años 80 y 90, respectivamente.
Caso especialmente notorio es el del país nórdico, en donde, de la mano del primer ministro Carl Bildt, se inició una política de privatizaciones de empresas públicas en sectores como las telecomunicaciones o el Servicio Postal pasando por las emisoras de radio y televisión.
No debemos olvidar que estas sustanciales modificaciones en la economía sueca contribuyeron a salir del laberinto creado en los años previos con un inasumible gasto público del 70% del PIB, más de un 11% de déficit público en 1993 y un aumento del paro de siete veces en cinco años ,en un sistema absolutamente anquilosado que apenas 30 años antes era la cuarta economía mundial a nivel de renta per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante la oportunidad de evitar que el contribuyente siga sufragando involuntariamente las pérdidas de empresas ineficientes que aportan escaso valor añadido en comparación con las posibilidades que se abren en virtud de las alternativas: unas privatizaciones que necesariamente vayan acompañadas de una política de liberalizaciones sectoriales que eliminen todo tipo de barreras de entrada legales para nuevos competidores.
Se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española para el siglo XXI: que los monopolios estatales y los oligopolios regulados den lugar a la libre concurrencia de nuevos agentes empresariales que mejoren y abaraten los bienes y servicios ofertados a personas, familias y empresas.