La primera lista de morosos de la AEAT ya está en la calle. El Ministerio de Hacienda ha ejecutado este miércoles una de las medidas más polémicas de las anunciadas por Cristóbal Montoro. Son 4.855 contribuyentes, de los que los que 345 son personas físicas, con una deuda que sobrepasa los 700 millones de euros, y 4.510 son personas jurídicas, con pagos pendientes de 14.900 millones. También incluye unas cuantas personas famosas, que esta semana están en la diana de la opinión pública.
La lista fue una reacción del Gobierno tras la polémica que se generó con la amnistía fiscal. Y entre el resto de los partidos la posición es casi unánime en favor de su publicación. Sólo Ciudadanos ha apuntado alguna objeción al respecto. Pero lo cierto es que hay muchos aspectos cuestionables en lo que rodea a esta nómina. Su efectividad en materia recaudatoria (teóricamente se publica con el objetivo de presionar a los morosos para que paguen) parece muy reducida. Ni ha habido un repunte de regularizaciones en los últimos meses, ni los nombres incluidos en la lista suman la mayoría de los 51.000 millones que se adeudan a Hacienda.
Desde el punto de vista de la justicia, también existen dudas más que razonables. ¿Por qué estos contribuyentes y no otros? ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están? ¿Es Hacienda consecuente en lo que respecta al propio Ministerio o a las administraciones públicas? ¿Estamos ante un ejercicio de transparencia o de hipocresía?
1- ¿Quiénes están?
Como ya hemos apuntado, la mayoría de los que aparecen en la lista son empresas. Eso sí, no están casi ninguna de las grandes compañías, entre otras cosas porque, en los pocos casos en los que llegan a esta situación buscan un acuerdo con Hacienda. Por ejemplo, el propio Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que sí está a favor de la publicación de la lista, denunciaba hace unos meses que las deudas de las grandes empresas generalmente no se envían a la Fiscalía porque la AEAT considera que estas compañías no tienen ánimo defraudatorio.
Gestha le recuerda este miércoles además a Montoro a través de un comunicado la poca efectividad de la publicación de la lista. "La mayoría de los deudores son en su mayoría sociedades que se encuentran en concurso de acreedores y algunas en liquidación" por lo que "el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no se van a aumentar los ingresos en concepto de deuda pendiente de cobro, ya que estas sociedades no generan recursos suficientes para garantizar el pago de la deuda".
También los criterios con los que se ha realizado la lista son cuestionables, empezando con el límite de 1 millón de euros. Más allá de esta cuestión. Hacienda asegura que los que están son contribuyentes con una deuda en vía ejecutiva y, por lo tanto están obligados a realizar el pago.
En los meses previos al pasado mes de julio, Hacienda avisó por carta a los candidatos a aparecer en su lista para que regularan su situación o presentaran las alegaciones correspondientes para suspender o aplazar su deuda si no querían figurar en la lista negra. Si sus argumentos fueron rechazados, no han podido librarse de la lista, al igual que los que han pedido un aplazamiento y no han recibido contestación (aunque si han recibido contestación afirmativa no estarían en la lista).
De hecho, yendo un paso más allá, en el Ministerio confirman que los que están en la lista están obligados a pagar, pero eso no quiere decir que no tengan a su alcance herramientas para recurrir la sanción. Es decir, entre los incluidos en el PDF habrá muchos que estén en mitad de un procedimiento que puede acabar con una resolución a su favor. Probablemente no sean muchos, pero si alguno lo consigue tendrá complicado borrar su nombre, que siempre se asociará con el de un defraudador.
2- Los primeros en cobrar
Entre las contradicciones más llamativas del modus operandi de Hacienda está la preferencia del departamento que dirige Cristóbal Montoro a la hora de cobrar en los procesos de concurso de acreedores. De hecho, en el caso de que una empresa quiebre, Hacienda es la primera en cobrar la cantidad que se le adeuda, sólo por detrás de los trabajadores, pero por delante del resto de acreedores. Este concepto, en términos jurídicos, se conoce como el orden de prelación: la Administración es la primera que cobra, incluso aunque alguno de los otros acreedores vea peligrar su supervivencia por las deudas pendientes.
Eso quiere decir, entre otras cosas, que la mayoría de las empresas que aparecen en la lista no lo hacen porque sólo hayan defraudado a las arcas públicas. Al contrario, en muchos casos hablamos de compañías en quiebra que están envueltas en procesos de liquidación, pre-concurso de acreedores,...
3- Derechos de los contribuyentes
Hace meses que los asesores fiscales denuncian que los derechos de los contribuyentes están cada vez más en peligro, por la entrada en vigor de leyes tributarias que le dan todas las armas a Hacienda y dejan en una situación de indefensión práctica a empresas y familias. Por ejemplo, con la entrada en vigor de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal en 2012, Hacienda potenció la aplicación de los embargos preventivos. Se trata de una medida cautelar que se puede aplicar cuando el fisco sospecha o tiene indicios de que algún contribuyente está cometiendo fraude fiscal. Así, con la excusa de evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar, la Agencia Tributaria puede bloquear los bienes de una persona que todavía no ha sido condenada y podría ser inocente.
Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales) denunciaba en 2013 que la Ley Antifraude "no ha dejado títere con cabeza": ampliación y potenciación de los supuestos de responsabilidad; medidas cautelares para cualquier actuación administrativa; grave deterioro de la tutela judicial efectiva en materia de delitos fiscales, una cuestión en la que destaca la nula atención que merecen las alegaciones y reclamaciones, el resultado de los recursos "se conoce de antemano", ya que Hacienda emplea "un repertorio de respuestas estereotipadas".
No son sólo los asesores fiscales. Ciudadanos, por ejemplo, se presentó a las últimas elecciones con un Estatuto del Contribuyente incluido en su programa. El partido naranja, a través de Francisco de la Torre, pidió un cambio de estatus que iguale en la medida de lo posible la administración y el contribuyente en su acceso a la justicia, para que éste último sea tratado "como un ciudadano, no como un súbdito". Francisco de la Torre no sólo es el número 2 de Ciudadanos por Madrid. También es inspector de Hacienda y ex secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE). La posición de su partido es que la publicación de esta lista es "el reconocimiento de un fracaso" en los procedimientos de recaudación. "La efectividad es muy discutible" y además hay que recordar que hay un "informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado".
Y todo esto, cómo casa con la publicación de la famosa lista. Pues no muy bien. Si la administración tributaria española fuera modélica en su forma de actuación y los contribuyentes tuvieran a su alcance todos los mecanismos de defensa que existen en otros países, podría defenderse con argumentos de más peso informar acerca de los que no han pagado. Pero con todas estas dudas sobre los procedimientos y la capacidad de defensa de los imputados, publicar el nombre de personas que todavía tienen a su alcance recursos, parece algo arriesgado.
4- ¿Datos protegidos?
Este Gobierno ha sido muy combativo con el tema de la protección de datos y el derecho a la intimidad. De hecho, cualquiera que intente entrar en una página web o rellene un cuestionario sabe que los requisitos se han endurecido, en teoría por su propio bien.
Sin embargo, la lista de la Agencia Tributaria, además del nombre completo, incluye hasta el DNI y el CIF de los morosos, siendo esta la primera publicación que se hace de alguna categoría de delincuentes en nuestro país. En un alarde más que insuficiente para proteger la identidad de los que aparecen en la lista, que podría incluso resultar ofensivo para los que aparecen en ella, Hacienda ha asegurado en su Orden Ministerial que la lista estará disponible en su web sólo tres meses desde su fecha de publicación y que no se podrán utilizar los motores de búsqueda como Google. El problema es que esto huele a hipocresía. Con la evolución de las nuevas tecnologías y después de que todos los medios de comunicación del país se hayan hecho eco de sus nombres ¿quién puede pensar que esta medida será suficiente para los que aparezcan en los papeles?
5- 31 de julio
Otro de los requisitos que utilizó Hacienda para elaborar la lista de morosos es que se trate de deudas con el fisco de más de un millón de euros hasta el pasado 31 de julio. Por tanto, y tal y como confirman fuentes de Hacienda a Libre Mercado, los datos de los que hayan pagado después de esa fecha aparecerán también en la lista a pesar de que hayan saldado su cuenta con Hacienda.
Éste es el caso de Pescanova, cuyo nombre aparece en el listado de Montoro. La compañía pesquera viguesa ha emitido un comunicado aclarando que ya ha liquidado la deuda que mantenía con la Agencia Tributaria y que tal y como aparece en su listado ascendía a 4,32 millones de euros.
Y esta no va a ser la única lista que vaya a elaborar Hacienda. "A 31 de diciembre vamos a cerrar otra lista actualizada", explican fuentes de Hacienda. En el documento que están preparando desaparecerán los nombres de los que ya hayan saldado su deuda entre el 31 de julio y el 31 de diciembre y, claro está, aparecerán otros nuevos. Desde la Agencia tributaria desconocen cuál será la fecha de publicación.
6- Los políticos morosos
Quizás el aspecto más polémico. Hacienda señala a contribuyentes con nombre y apellidos. De esta forma, las administraciones públicas se ponen en una situación de superioridad moral. Y hay mucho que discutir al respecto. Autónomos y empresas hace años que denuncian que los poderes públicos incumplen sistemáticamente la ley de pago a proveedores (y eso por no hablar de las facturas en el cajón, que no se han terminado a pesar de los cambios legales que querían terminar con esta práctica).
Por poner un ejemplo, aunque habría muchos más, ATA denunciaba este septiembre que el período medio de pago a los autónomos era de 83 días (la ley habla de 30 días). Pero hay ayuntamientos que pagan a 146 días (como Cádiz) y otros que utilizan todo tipo de trucos como retrasos en la convalidación de las facturas o en la certificación de los trabajos realizados. Rechina que la propia Hacienda que publica los nombres de ciudadanos y empresas sea luego tan laxa con las administraciones.