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La economía colaborativa carga contra Colau

Homeaway ha anunciado que emprenderá acciones legales para recurrir la multa de 60.0000 euros del Ayuntamiento de Barcelona.

Homeaway ha anunciado que emprenderá acciones legales para recurrir la multa de 60.0000 euros del Ayuntamiento de Barcelona.
Ada Colau | EFE

El Ayuntamiento de Barcelona anunció esta semana que ha sancionado a las plataformas de alquiler de pisos Airbnb y Homeaway con 60.000 euros a cada.

De esa cifra, se aplica una sanción de 30.000 euros a cada una por por publicitar viviendas que no están autorizadas para su alquiler vacacional por la Generalidad y los otros 30.000 se aplican por no responder a los requerimientos de la administración para que facilitara datos de los pisos sin licencia.

Homeway, con operaciones en la Ciudad Condal, ya ha respondido al consistorio barcelonés. A través de un comunicado, la compañía asegura que aunque no ha "recibido notificación alguna de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, lamentamos que éste haya optado por hacer pública una sanción antes de notificarla por las vías legales".

A pesar de no tener conocimiento de la multa, desde Homeaway consideran que la medida del Ayuntamiento de Barcelona atenta contra la libre competencia. "La decisión del Ayuntamiento de sancionar a las plataformas no es la solución adecuada. Supone una traba importante a la libre competencia, a la innovación y a la generación de nuevas oportunidades de negocio", aseguran. "Las plataformas como Homeaway, dan respuesta a una demanda creciente de millones de viajeros que buscan nuevas formas de alojamiento que optimicen los recursos disponibles y generen un impacto beneficioso en los entornos que visitan", añaden.

Además, quieren recordar que su empresa "cumple con sus obligaciones legales entre las que cabe destacar la normativa de protección de datos". Por eso, han anunciado también que emprenderán acciones legales para su defensa. "Llevaremos a cabo las acciones legales pertinentes para defender nuestra posición, un vez tengamos conocimiento de los argumentos que han llevado al Ayuntamiento de Barcelona a tomar esta decisión".

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