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Carmena vuelve a la carga: quiere implantar la tasa turística en Madrid

El Ayuntamiento de Ahora Madrid estudia la aplicación de una tasa turística similar a la de Barcelona o Baleares.

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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena | EFE

Malas noticias para los establecimientos hoteleros de Madrid. El pasado verano ya recibieron el primer aviso, cuando el concejal Carlos Sánchez Mato afirmó que la posibilidad de aprobar una tasa turística estaba encima de la mesa. El posterior desmentido de la alcaldesa Manuela Carmena calmó las aguas… hasta ahora.

Y es que, a pesar del revuelo generado el pasado verano, el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a introducir esta posibilidad en el debate municipal. Luis Cueto, que además de ser el hombre fuerte del equipo de Carmena es también el sobrino político de la alcaldesa, aprovechó un acto sobre turismo en la capital para deslizar la idea de que la tasa turística podría ser aprobada durante los próximos años.

La respuesta de los empresarios del sector no se ha hecho esperar. De entrada, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid, Jesús Gatell, ya ha trasladado su desacuerdo con esta posible subida impositiva.

Algo parecido ha dicho la Confederación Empresarial de Madrid (CEOE-CEIM), cuyo secretario general, Miguel Garrido de la Cierva, no solamente denunció que este gravamen pondría en peligro la recuperación económica, sino que también pidió que se baje del 10% al 7% el IVA que grava las actividades turísticas.

Impacto de la tasa

Pero, ¿qué impacto puede tener esta tasa? De entrada, si analizamos las cifras regionales nos encontramos con que la actividad turística supone el 6% del PIB de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en 46.000 empresas que generan 300.000 empleos de manera directa.

La mayoría de los 300.000 puestos de trabajo que hoy genera el sector en la región están en la ciudad de Madrid, por lo que se verían afectados por la entrada en vigor de la tasa. Y es que, al reducirse el margen empresarial como resultado del aumento de los costes fiscales, los sueldos verán reducido su potencial de crecimiento precisamente ahora que la devaluación salarial ha llegado a su fin a nivel macroeconómico.

En paralelo, los establecimientos también repercutirían el aumento de costes tributarios en sus precios. Por tanto, se genera un encarecimiento del servicio ofertado a los visitantes que no repercute en beneficio del sector privado, sino que engorda las cuentas municipales.

Ya hay dinero en la caja

Llama la atención que el Ayuntamiento de Madrid plantee la necesidad de recaudar más cuando la gestión de Ana Botella permitió que el consistorio pasase del descuadre fiscal de Ruiz Gallardón a un escenario de cuentas saneadas con un amplio superávit presupuestario.

De hecho, como ya explicó Libre Mercado, la oposición calcula que el gasto va a aumentar en 800 millones de euros en 2016. Esto se consigue por dos vías: por un lado, se reduce el superávit a su mínima expresión, retrasando la amortización de la deuda en el tiempo; por otro lado, se suben impuestos por valor de 168 millones.

El ejemplo de Barcelona y Baleares

En ciudades como Barcelona, la tasa turística que entró en vigor en 2012 se mueve ya en un umbral de ingresos que supera los 21 millones de euros al año. Un tercio de esa recaudación va a parar a las arcas municipales, mientras que el 70% restante lo gestiona la Generalidad.

Aunque el gobierno de Ahora Madrid argumenta que su tasa turística serviría para poner en valor el potencial de la ciudad a la hora de atraer visitantes, la experiencia de Barcelona arroja una situación muy distinta. Así, el gobierno de Colau dedica los recursos que genera la tasa a gasto público ordinario en la ciudad.

El consistorio de la Ciudad Condal se justifica diciendo que es necesario "financiar actuaciones que minimicen el impacto de la afluencia turística sobre el espacio público y los servicios". Además, también argumenta que es preciso "rehabilitar y mejorar las infraestructuras que han sufrido un impacto negativo". En definitiva, el turismo se convierte en una excusa para recaudar más y, al contrario de lo que afirman los promotores de este tipo de fiscalidad, el gasto acaba consignado a partidas de gasto ordinario.

Peor aún es la situación en las Islas Baleares. Allí, el gobierno autonómico quiere recaudar 80 millones de euros al año con una tasa que puede suponer hasta 2 euros al día. La Federación Hotelera de Mallorca ya se ha puesto en pie de guerra y ha denunciado que "no se debería gravar más a una industria que aporta 2.500 millones a las arcas públicas". La batalla se antoja larga y los hoteleros ya han anunciado medidas legales para defenderse.

En Libre Mercado

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