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Las reformas liberales de la 'era Aznar'

El PIB per cápita creció un 64%, la inflación se redujo al 2,2% y la riqueza neta de las familias se duplicó. 

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Jose María Aznar en la Convención Nacional del PP en 2015

El paso del tiempo ha puesto en valor las reformas liberales aprobadas por los gobiernos de José María Aznar a lo largo de las dos legislaturas comprendidas entre 1996 y 2004. Los ocho años del PP en La Moncloa sirvieron para bajar los impuestos, reducir el peso del gasto público y reducir el intervencionismo de las Administraciones Públicas en diversos sectores de la economía.

La primera “prueba del algodón” para evaluar los programas de reformas de la Era Aznar es la reducción del peso del gasto público sobre el PIB. Pues bien, entre 1996 y 2004, los desembolsos totales de las Administraciones Públicas pasaron del 44,2% al 38,6% del PIB, un descenso notable. Otro factor clave para analizar los resultados de las reformas aprobadas es el cuadro macroeconómico.

Aquí también hubo un cambio a mejor: el PIB per cápita creció un 64%, la inflación se redujo del 4,3% al 2,2%, la riqueza neta de las familias se duplicó y la deuda pública cayó del 64% al 51% del PIB.

Pero el verdadero salto adelante se dio en el mercado de trabajo: el paro cayó del 22,8% al 11,5%, el empleo indefinido creció un 58%, el número de mujeres ocupadas se disparó más de un 55% y el total de trabajadores ocupados pasó de 12,6 a 17,6 millones de personas. El buen rumbo de la economía española explica que la población extranjera creciese notablemente, pasando de 500.000 a 3 millones de residentes extranjeros en apenas ocho años.

Las reformas liberales de los años de Aznar

La clasificación obtenida por España en el Índice de Libertad Económica en el Mundo mejoró notablemente entre los años 1996 y 2004. Nuestro país pasó del puesto 65 al número 29. He aquí los ingredientes centrales que hicieron posible este salto adelante.

Estabilidad presupuestaria. Para apuntalar la senda del rigor fiscal se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria que establecía la obligación de evitar descuadres fiscales y fijaba techos de gasto que limitaban el aumento del gasto público. De hecho, el PP concurría a las Elecciones Generales de 2004 con el compromiso de que el gasto público no volviese a superar el 40% del PIB.

Rebaja del IRPF. El IRPF fue revisado a la baja en dos ocasiones, llevando el tipo máximo del 56% al 45% y bajando tipo inferior del 20% al 15%. Esta reducción fue de la mano con una simplificación de tramos y un aumento de deducciones y mínimos exentos. De media, las retenciones cayeron un 33%.

Menos impuestos a las empresas. Los gobiernos de Aznar aprobaron diversas rebajas el Impuesto de Sociedades, con modificaciones de tipos e introducción de deducciones. Además, se eliminó el Impuesto de Actividades Económicas para el 92% de las empresas.

Privatizaciones y liberalizaciones. El sector público empresarial heredado por los gobiernos de Aznar fue desnacionalizado de manera agresiva entre 1996 y 2004, con privatizaciones y liberalizaciones en ámbitos como las telecomunicaciones, la energía, el transporte… Solo entre 1997 y 1998 se dieron las OPV de Telefónica, Endesa y Repsol. A lo largo de los dos gobiernos de Aznar, el peso de las empresas públicas sobre el mercado bursátil pasó del 10% al 1%.

Facilidades para la internacionalización. La entrada en la Eurozona y la reducción del intervencionismo en la economía permitió que España se incorporase con más brío a las dinámicas de la globalización. La tasa de apertura, que se obtiene con la suma del peso de importaciones y exportaciones sobre el PIB, permite comprobar el salto de internacionalización que dio España en los años de Aznar. En 1996, este indicador era del 45% del PIB, mientras que en 2004 había alcanzado el 62%. Durante este periodo, la inversión extranjera directa se disparó un 370% y la inversión española en el resto del mundo se multiplicó por doce, un salto sin procedentes.

Reformas frustradas

Pero el gobierno de Aznar no logró sacar adelante todo lo que se propuso. Quedaron pendientes dos reformas estructurales que el PP puso encima de la mesa sin éxito: la del mercado de trabajo y la de la educación. Tampoco hubo avances suficientes en el sistema de pensiones, para el que se había llegado a plantear el tránsito hacia un modelo de capitalización.

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