La cuestión territorial dominará la próxima legislatura. Una vez terminada oficialmente la crisis, con un ritmo de medio millón de nuevos empleos al año y España creciendo al 3%, todas las miradas se centrarán en Cataluña. El Parlamento regional ya ha anunciado que inicia el que llaman "proceso de desconexión" del resto de España.
Con este panorama, una de las cuestiones clave en el diseño del nuevo Gobierno era quién iba a encargarse de negociar con las autonomías. Y sí, hay temas políticos encima de la mesa, pero no nos engañemos, el tira y afloja estará centrado en la economía. Es cierto que hemos llegado a un punto en el que parece que no hay vuelta atrás y en el que los políticos separatistas aseguran que no se conformarán con nada que no incluya un referéndum de autodeterminación. Pero no es menos verdad que si mañana aparece Mariano Rajoy en Barcelona con un Cupo Vasco para Cataluña (el oscuro objeto de deseo de la Generalidad desde hace años), el fervor independentista probablemente se enfriaría bastante. Aunque también hay que tener en cuenta que en ese escenario, serían las demás regiones del régimen general las que se levantarían en armas. No es un sudoku fácil de resolver.
Por eso, todo el mundo especulaba sobre quién iba a ser el encargado de negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. Hasta ahora, ha sido Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, el que tenía ese cometido. El jienense aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) que tenía como objetivo embridar a unos gobiernos regionales que eran los principales responsables del descontrol presupuestario de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, en 2012 ya anunció que antes del final de la legislatura habría un nuevo sistema de financiación autonómica sobre la mesa, una reforma que tenía como objetivo reemplazar un modelo complejo, que no gusta a casi nadie, que nació de una negociación bilateral entre Zapatero y ERC cuando los republicanos eran sus socios de Gobierno y que no sólo no ha servido para rebajar el nivel del desafío independentista, sino que si acaso lo ha alentado.
Pues bien, en ninguno de sus dos cometidos Montoro ha alcanzado sus objetivos. La LEP era un gran instrumento pero buena parte de sus disposiciones nunca se han aplicado hasta el final. Las comunidades autónomas se han saltado sus objetivos de déficit en todos y cada uno de los años de la legislatura, con algunas (como Valencia o Cataluña) reincidiendo a pesar de las amenazas de multa desde Hacienda.
En lo que respecta al sistema de financiación autonómica, la cosa ha sido aún peor. Tras dos años mareando la perdiz, a mediados de 2014 Montoro admitió que no habría nuevo acuerdo. Las tensiones entre los ejecutivos regionales (no sólo los nacionalistas, también varios gobiernos populares están que trinan con Hacienda) provocaron que el Gobierno diera marcha atrás. Nadie quería abrir ese melón en un año electoral, con cita con las urnas en 2015 tanto a nivel autonómico como nacional. Por cierto, ahora se abre una ventana de un par de años sin elecciones a la vista, salvo que el Congreso se demuestre ingobernable y haya adelanto electoral. Quizás no haya otro momento como éste para lanzarse a cerrar un acuerdo.
En este punto, entra en escena Soraya Sáenz de Santamaría y el nuevo Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Desde que se conoció, ha habido mucha polémica sobre si la creación de este órgano, con una Secretaría de Estado para las "Administraciones Territoriales", asumiría las funciones que hasta ahora desarrollaba Antonio Beteta. Al principio parecía que sí, luego que no. Y tras el Consejo de Ministros, ni una cosa ni otra.
Como apuntamos, tras conocerse la composición del nuevo Gobierno, parecía claro que todo lo que tuviera que ver con negociación autonómica se lo quedaba Sáenz de Santamaría. Pero apenas unos minutos después desde Hacienda comenzaban a aclarar que esa primera impresión era equivocada. El departamento de Montoro aseguraba que seguiría manteniendo "todas las competencias relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas, lo que incluye también el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de administración Local (CNAL) y el control del gasto de las autonomías, incluidas las advertencias en caso de que éstas se desvíen en el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda", según explicaba Europa Press.
El problema de esta aclaración es que dejaba otras muchas preguntas en el aire. Sobre todo, qué le quedaba entonces a la vicepresidenta. En Moncloa hablaban de que la "parte política" sería competencia de Sáenz de Santamaría y la "económica" de Montoro. Pero es casi imposible separar ambas. No sólo eso, puestos a ponderar, tiene más peso la negociación económica. Lo que los 17 gobiernos regionales (también el catalán) es cómo se distribuirán los fondos. No sólo eso, en la lucha por asumir más competencias, la financiación sobre esas nuevas competencias cedidas a las regiones también es lo más relevante. Cuando alguien pide más autonomía está al mismo tiempo pidiendo los recursos necesarios para ejecutar las políticas a las que se compromete. ¿Todo esto se lo va a quedar Montoro?
Pues bien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo, el nuevo portavoz, ha matizado ligeramente la cuestión: "Tienen que estar los dos. La vicepresidenta ha asumido esas funciones". Es decir, que los dos tendrán su lugar, pero el control estará en las manos de Sáenz de Santamaría, que dejará para Montoro la ejecución de lo pactado y la gestión del día a día. En resumen, todo apunta a que la negociación del sistema de financiación se llevará desde Moncloa, que también asumirá la parte política y legal de la relación con las comunidades, así como la presidencia, cuando así lo crea necesario, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Por su parte, Hacienda se quedará con la ingrata tarea de imponer límites de déficit, pactar gastos e ingresos en los presupuestos de cada año, financiar a las autonomías con los mecanismos aprobados en la última legislatura (los fondos de liquidez autonómicos) y perseguir a los incumplidores.
También es cierto que Sáenz de Santamaría y Montoro son dos estrechísimos colaboradores y aliados. Dentro del grupo de sorayos (como se conoce a los fieles a la vicepresidenta) que ocupan buena parte de los principales cargos del Gobierno, el ministro de Hacienda es uno de los más destacados y entusiastas seguidores. Por lo tanto, tiene sentido pensar en una dirección compartida de esta decisiva cuestión, con la vicepresidenta dirigiendo la negociación más política desde Moncloa y el ministro haciendo los números tras el telón. Parece claro que Rajoy quiere que éste sea uno de los grandes temas de su Gobierno, quizás el más importante y el que puede determinar el éxito o fracaso de su segunda legislatura.