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Tejemanejes del cupo vasco

Las leyes del cupo han falseado sistemáticamente las cifras y han convertido las correspondientes mentiras en una verdad legal.

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El diputado nacionalista Aitor Esteban, en una imagen de archivo, durante una rueda de prensa. | EFE

El cupo es la cantidad que el País Vasco abona anualmente al Estado para financiar las competencias que éste ejerce y que no han sido transferidas a la región. Su metodología de cálculo está fijada en la Ley del Concierto Económico, donde se establece que al coste de dichas competencias atribuible al País Vasco hay que restarle ciertas cantidades por los impuestos que, aunque recaudados por el Estado, corresponden a las Diputaciones Forales –el principal es el IVA–, así como la parte proporcional del déficit público estatal. Todo ello se concreta en cifras, cada cinco años, en la Ley del Cupo.

El problema fundamental que reflejan esos cálculos no viene del método, sino del hecho de que su configuración ha sido siempre el resultado de un tejemaneje político, de un tira y afloja, de un intercambio de prebendas por votos cuando el apoyo del PNV ha sido decisivo para el Gobierno de España. Por ello, desde hace muchos años me he referido siempre a este asunto como si fuera un pufo, pues las leyes del cupo han falseado sistemáticamente las cifras y han convertido las correspondientes mentiras en una verdad legal. Por ejemplo, en la de 2007 –la última aprobada– las competencias estatales se valoraron en la mitad de su coste, la compensación por IVA se multiplicó por cuatro y la cifra del déficit fue un puro invento, pues en aquella época el déficit del Estado había desaparecido. Como resultado, el País Vasco se ahorró unos 4.500 millones de euros al año.

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Desde 2007 hasta 2016, el País Vasco ha pagado un promedio de 972,2 millones de euros anuales en concepto de cupo, según nos muestra la contabilidad presupuestaria del Estado (véase el gráfico). Ahora, después del acuerdo PNV-PP, a esa cifra se le va a aplicar una rebaja de 140 millones que, aunque se descuenten en posteriores ejercicios, a efectos contables reducen el cupo de la década pasada a un nivel sólo un poco superior al alcanzado por la aportación de Navarra. Si tenemos en cuenta que esta última comunidad tiene una población y un PIB que no llegan al 30% de los del País Vasco, nos encontramos con la paradoja de que, en la última década, mientras que cada uno de los navarros ha contribuido a los gastos del Estado con 824 euros al año, cada uno de los vascos sólo habrá pagado 384 euros.

Para el futuro, se nos anuncia un cupo de 956 millones que, seguramente, experimentará ulteriores rebajas, pues ya se las arreglarán los nacionalistas –y los foralistas del PP y el PSOE– para encontrar la manera de escaquear unos cuantos euros con sus argumentos falaces y su contabilidad creativa. Es el precio que se paga, en forma de privilegio financiero para los vascos, a cambio de la contribución del PNV a la estabilidad política –y a su propio bolsillo–. Por ello, nos dice la contabilidad territorial en su último informe que el Gobierno vasco cuenta para sus gastos con 1.680 euros por habitante más que el resto de las CCAA. Multipliquen ustedes por la población beneficiada y se encontrarán con la bonita cifra de 3.639 millones, que, por cierto, ponemos los demás españoles para tener contentos con su superior sanidad, sus mejores escuelas, sus destacadas carreteras comarcales y sus variopintos perifollos ornamentales a nuestros compatriotas del norte.

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