En los últimos años, la banca, en mayor o menor grado, ha servicio como chivo expiatorio para esconder las miserias y, especialmente, los grandes atropellos de los políticos a la hora de ejercer el poder, desviando así la atención de la opinión pública. La agria polémica suscitada en torno al pago del impuesto hipotecario es una nueva muestra del extendido populismo que se ha instalado en España, tanto a nivel político como judicial, empleando a los bancos como excusa para ocultar la realidad a los españoles.
El mayor cínico de todos es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, aprovechando la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), anunció un nuevo decretazo para cambiar la ley y obligar a los bancos a abonar dicho tributo en lugar de los clientes, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora. Y todo ello con el único fin de hacerse la foto y cautivar a los más ingenuos, ya que, en la práctica, no cambia absolutamente nada. Los únicos beneficiarios del AJD han sido, son y serán las haciendas autonómicas, no la banca.
Este impuesto fue creado por el PSOE en los años 90 para sacar tajada del lucrativo negocio hipotecario y, desde entonces, las Administraciones Públicas han ingresado miles de millones de euros gracias a la mera y simple firma de estos préstamos. En concreto, las haciendas autonómicas, son, hoy por hoy, las grandes beneficiarias del AJD y, por tanto, son las que, en última instancia, tendrían que haber devuelto el dinero en caso de que el dictamen emitido por el Pleno del Supremo hubiera sido distinto. Así pues, no ha ganado la banca, tal y como dicen los populistas, sino las CCAA, ya que se han ahorrado la devolución de más de 4.000 millones de euros si se hubiese establecido una retroactividad de cuatro años por pago tributario indebido.
El Gobierno impone ahora que sea el banco y no el cliente quien sufrague este tributo, lo cual no sucede en ningún otro país, pero, en realidad, todo seguirá igual, puesto que dicho coste será repercutido a los nuevos hipotecados mediante un aumento de las comisiones o el interés. Al igual que el impuesto al diésel se trasladaría de forma automática al precio en las gasolineras, el impuesto hipotecario acabará siendo abonado por los particulares y empresas que soliciten un crédito. Este cambio, de hecho, será mucho más gravoso para los clientes, puesto que también desaparecen las exenciones y bonificaciones fiscales que se aplicaban en el AJD para las familias numerosas, dependientes y rentas bajas, de modo que las CCAA ingresarán más dinero que antes.
La hipocresía de PSOE y Podemos es de tal calibre que, al tiempo que se erigen en los grandes adalides de esta reforma, aplican el impuesto hipotecario más alto de España allí donde gobiernan. Es el caso de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que cobra un tipo del 1,5% sobre el importe de la hipoteca, o de Pablo Echenique, que apoyó una subida del 50% en el AJD de Aragón. Podemos incluso llevaba en su programa electoral para las autonómicas de 2015 la necesidad de homogeneizar al alza este tributo en toda España para sangrar aún más a los hipotecados. El único partido que ha ofrecido una auténtica solución a este problema es el PP de Pablo Casado, tras abogar por la eliminación inmediata de este tributo.
La banca se ha convertido en una diana muy fácil para la mediocridad política que tanto abunda en estos tiempos. Se olvida, sin embargo, que fueron las cajas dirigidas por políticos las que quebraron durante la crisis y que fueron esos mismos políticos los que decidieron rescatarlas con dinero público, mientras que, gracias al sector financiero y el buen funcionamiento del mercado hipotecario, el 80% de los españoles posee una vivienda en propiedad, una de las tasas más altas del mundo desarrollado. El populismo judicial y político contra la banca es una lacra que terminará pasando una elevada factura al conjunto de los españoles.