La decisión de Repsol YPF de subir un 10,7% el precio de la bombona de butano, que costará 1.449 pesetas a partir del próximo 1 de abril, ha suscitado fuertes críticas por parte de las organizaciones de consumidores. Pero unas son justificadas y otras no. Desde luego, la decisión de la compañía que preside Alfonso Cortina es drástica. Catorce millones de clientes se van a enfrentar, de golpe, a un incremento bastante fuerte de un producto de primera necesidad. Sin embargo, conviene tener presente que, de un año y medio a esta parte, el precio que pagan las compañías energéticas por los hidrocarburos que comercializan --el butano es uno de ellos-- se ha duplicado como consecuencia de la reducción de la producción por parte de la OPEP y de la debilidad del euro frente al dólar, moneda en la que se contrata en los mercados internacionales de gasolina y gas.
Es lógico, por tanto, que Repsol YPF quiera trasladar de alguna manera ese incremento de costes a sus precios finales. Lo que ya no se explica tan fácilmente es que esa adaptación no se produjese a medida que los precios internacionales subían, como consecuencia de las presiones del Gobierno que, en vísperas de las elecciones generales del 12 de marzo de 2000, no quería que se produjese algo tan sumamente impopular como el encarecimiento de las gasolinas y del butano. Esto causó un perjuicio para Repsol YPF del que ahora trata de resarcirse, con el fin de sanear sus cuentas y reducir su deuda. El problema es que lo hace de golpe, no de forma paulatina, que sería más fácil de digerir por parte de los consumidores.
Dicho esto, también hay que decir que la falta de competencia en el mercado de butano es lo que le permite a Repsol YPF llevar a cabo una subida tan drástica, en lugar de absorber parte de la pérdida mediante una reducción de costes. La petrolera hispano-argentina tiene una cuota de mercado del 99%, con clientes cautivos que no pueden acudir a la alternativa del gas natural porque la generalización de esta fuente de energía en los hogares españoles está condicionada por el ritmo al que se desarrollen las infraestructuras para su distribución.
Es el problema de una liberalización que se retrasa una y otra vez y le permite a la compañía de Alfonso Cortina recurrir a esta política y eludir los esfuerzos necesarios para racionalizar costes y mejorar la eficiencia de la compañía; ¿por qué va a hacerlo si no tiene rivales? Y es que la competencia es el mejor antídoto contra las subidas de precios. Prueba de ello es que a Repsol YPF no se le ha ocurrido aumentar también el precio de las gasolinas para sanear sus cuentas porque en ese sector hay competencia, aunque todavía es insuficiente. Las quejas contra el encarecimiento del butano, por tanto, deben dirigirse principalmente al Gobierno, con el fin de que acelere la liberalización del sector del gas en general. Eso obligaría a Repsol YPF a cambiar de estrategia para mejorar el aspecto de su contabilidad sin que el consumidor tenga que sufrir las consecuencias.
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