España y Alemania se han embarcado en una agria polémica acerca de las ayudas a las regiones más desfavorecidas cuando se produzca la ampliación de la Unión Europea. Y, de momento, pintan bastos para nuestro país.
La adhesión a la UE de los países ex comunistas del centro y este de Europa supondrá que la renta media de la Unión bajara en dieciséis puntos sobre el nivel actual, según los cálculos de la Comisión Europea. Este indicador es el que se utiliza para establecer qué regiones forman parte del denominado Objetivo I, que comprende a aquellas áreas geográficas cuya renta se encuentre por debajo del 75% del promedio comunitario. Estas zonas son las que se llevan la parte del león de los fondos estructurales.
España tiene actualmente nueve autonomías dentro del Objetivo I; con la ampliación, sólo quedarían Andalucía y Extremadura en el mejor de los casos, aunque lo más probable es que, dado el nivel de pobreza de los candidatos a la adhesión, ni siquiera esas dos comunidades lleguen a tener derecho a fondos estructurales. De darse esta circunstancia, el Gobierno central y los Ejecutivos regionales tendrían que costear de su bolsillo los planes de desarrollo e inversión en infraestructuras para ambas autonomías, y eso es lo que le preocupa a nuestro país.
Alemania se encuentra en un caso parecido con los länder del Este, es decir, las regiones de la extinta República Democrática Alemana. Sin embargo, el canciller Gerhard Schröder ya ha previsto esta circunstancia y habrá ayudas europeas para la parte del país que padeció en sus carnes la tortura del comunismo. Acogiéndose a este ejemplo, el presidente del Gobierno, José María Aznar, reclama el mismo trato para las regiones más pobres de España. Pero es difícil que lo consiga.
Durante la negociación de la Agenda 2000, el presupuesto comunitario para el periodo 2000-2006, Aznar amenazó con bloquear muchas decisiones de la UE si se dejaba a España fuera del fondo de cohesión. Schröder, finalmente, tuvo que ceder para salvar el acuerdo, lo que se interpretó en Alemania como una derrota política seria del canciller que causó un hondo malestar en una opinión pública contraria a que nuestro país continuara con un nivel elevado de ayudas comunitarias. Schröder ahora puede devolvérsela a Aznar.
Por otra parte, hay que preguntarse por qué Andalucía y Extremadura siguen tan necesitadas de ayudas europeas después de los cientos de miles de millones que se han enterrado en ambas para fomentar su desarrollo. Y eso es algo de lo que el Gobierno central no es responsable. Más bien es culpa de iniciativas como la del presidente extremeño, Juan Carlos Ibarra, de poner un impuesto sobre los depósitos bancarios, o de la del presidente andaluz, Manuel Chaves, de utilizar los recursos públicos para hacer política contra el Gobierno de Aznar; por no hablar de los dineros “distraídos” de los fines para los que se habían adjudicado. Con este telón de fondo, el Ejecutivo español tiene bastante poca legitimidad moral para reclamar que el maná comunitario sigua cayendo en el sur de España. Y eso también pesará en todo este asunto aunque nadie, por educación, lo diga en voz alta.
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