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Francisco Cabrillo

El Gobierno decide

¿Qué se supone que debe hacer un gobierno cuando tiene lugar la crisis de una empresa privada, con posible resultado de quiebra? Desde el punto de vista de la economía, la respuesta es bastante clara: dejar que negocie con sus acreedores una solución; y, si no fuera posible encontrarla, permitir que quiebre y que sus activos se vendan a quienes puedan hacerlos de nuevo productivos. Sin embargo, mucha gente –la mayoría, seguramente– piensa que el gobierno debería utilizar el dinero del contribuyente para reflotar la empresa; o, al menos, garantizar un puesto de trabajo a los empleados que lo hayan perdido. Y si éstos van de acampada a las cercanías del ministerio de economía, más justificadas parecen estar aún tales medidas.


Los cambios experimentados por la economía española en los últimos años parecían garantía de que no se volvería a recurrir a nuestro dinero para arreglar negocios privados. Pero no sabemos muy bien en qué terminará el caso Sintel. La situación de esta empresa es, ciertamente, una piedra de toque para comprobar la firmeza del Gobierno y el abandono definitivo de las viejas prácticas del pasado, en las que las empresas en dificultades encontraban en el sector público –y en los recursos del contribuyente, por tanto– un cobijo para sobrevivir. Si el Gobierno cediera a las presiones de los trabajadores de Sintel y se comprometiera a la utilización de fondos públicos para el saneamiento de la empresa o a garantizar un puesto de trabajo a los empleados, se crearía un precedente grave, ya que se daría la imagen de que la protesta en la calle es la mejor estrategia para la solución de los problemas de los trabajadores de las empresas en dificultades.


De momento, quien ha perdido ya los papeles es el PSOE, cuyos dirigentes han mostrado que estarían dispuestos a ceder cuanto fuera necesario con tal de hacerse la foto con los acampados en La Castellana, seguramente para hacer olvidar que fue este partido, y no el Partido Popular, el que, en su día vendió la empresa. Sólo cabe esperar en que el Gobierno no se anime a seguir sus pasos... lo cual, hoy por hoy, no está claro.

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