El ministro alemán de economía, Werner Müller, no sólo es independiente por no tener el carnet de ningún partido. También lo es en lo que a sus ideas se refiere. La última prueba de ello fue la publicación del “Informe Económico” el martes pasado. En él, Müller propuso que se pagara la cuota patronal del seguro por asistencia sanitaria y por enfermedad, directamente al empleado como parte del sueldo con el fin de que él mismo invierta este dinero en un seguro privado.
En 1998, la SPD logró el cambio de gobierno. Entonces fue necesario compensar al ambicioso Oskar Lafontaine con el cargo de ministro de Hacienda, por no haber sido canciller. Se creó de este modo un super-ministerio a costa de las competencias del Ministerio de Economía. Lafontaine arrebató al ministro de economía la competencia en los asuntos relacionados con la Unión Europea, así como el prestigioso “Informe Económico Anual.” Sin embargo, Müller ha sabido hacer de tripas corazón y sin vacilar, publica desde entonces y anualmente su propio informe, el “Informe Económico”, donde puede decir lo que él piensa y cuyo contenido no corre a cuenta del Consejo de Ministros, sino a la suya propia.
Dicha independencia hace que Müller se encuentre a veces solo con sus propuestas, sin el respaldo de sus colegas ministros. “El Gobierno no tiene la intención de renunciar a la seguridad social solidaria” dijo la vice portavoz del gobierno, Charima Reinhardt. Una posición aún más polémica tomó la ministra de salud, Ulla Schmidt cuando afirmó: “Mientras yo sea ministra no habrá una seguridad social de dos clases” para pintar el espectro de la –supuesta– mala situación sanitaria de Estados Unidos (viejo truco de los políticos especialmente en Europa que sigue funcionando y les ayuda a la hora de frenar reformas sobre todo en el ámbito social).
La discusión, a menudo sostenida de forma polémica e ideológica, perdería buena parte de su tono mordaz si se tuviese presente un hecho formulado por Ludwig von Mises hace casi noventa años en su obra “Socialismo”: las contribuciones a la seguridad social siempre van a cargo del salario, independientemente de si las paga el trabajador o la empresa. Por ello es irrelevante para una empresa si paga la cuota patronal a una institución estatal o si la abona a la nomina del empleado. El caso del trabajador, empero, es diferente; él es el que se beneficiaría si se realizara la propuesta del ministro Müller: por un lado tendría la libertad de elegir, suavizándose de forma considerable el sistema paternalista estatal hasta ahora en vigor. Por otro lado, el sistema sería más transparente, porque reflejaría mejor el coste real del seguro. Precisamente porque el principio de solidaridad (mantenido en lo alto como la bandera en la batalla para la defensa del statu quo) de la mayoría de los sistemas sociales europeos se apoya en la supuesta financiación conjunta entre empresarios y empleados, haciendo creer a las trabajadores que tienen un seguro barato porque –como en el caso alemán– “solo” cotizan la mitad a la seguridad social.
La necesidad de un grado mayor de transparencia es más obvia en la Seguridad Social española, donde la distribución de la financiación conjunta (empleado 5 %, empresario 30 %), vela aún más el coste real del sistema y hace que los españoles saquen la conclusión errónea de tener una seguridad social barata. En realidad, no lo es. El estado les quita por la fuerza el 35 % de sus ingresos brutos para la financiación de dicho sistema.
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