Las compañía aéreas de Estados Unidos y la Unión Europea se han lanzado a una campaña para reclamar ayudas públicas que les permitan paliar las consecuencias del atentando del martes 11 de septiembre en EEUU. Básicamente, las aerolíneas quieren dinero para no tener que hacer ajustes demasiado drásticos –de momento ya han anunciado más de 130.000 despidos–, debido al cierre de rutas y a la reducción del número de pasajeros y de vuelos, y para afrontar la negativa de las aseguradoras a mantener los seguros contra actos terroristas en las mismas condiciones que antes de la destrucción de las torres gemelas.
En el primer caso, la concesión de ayudas públicas es discutible. Muchas empresas tienen que afrontar periodos de caída de la demanda, o procesos de ajuste si se han equivocado en sus decisiones, y ni piden ni obtienen ayudas para ello. Las aerolíneas, por tanto, no tienen por qué ser una excepción. Además, las compañías aéreas ya habían pedido ese respaldo estatal antes del atentado. Éste, por tanto, no ha cambiado la cuestión de fondo. Pero también es verdad que, con el atentado llueve sobre mojado, esto es, sobre unas empresas que han tenido que sufrir en los dos últimos años las consecuencias de la fuerte subida del queroseno, que supone el 10% de sus costes totales, y de los conflictos laborales con los pilotos. Desde esta óptica, puede tener cierto sentido que la Administración Bush esté dispuesta a desembolsar dólares, puesto que el hundimiento del sector está creando problemas en Wall Street y, sobre todo, puede afectar negativamente a las expectativas de los negocios y de los ciudadanos cuyo deterioro tratan de evitar a cualquier precio.
La negativa de la UE a conceder esas mismas ayudas, sin embargo, es lógica. La mayor parte de las aerolíneas europeas son compañías públicas que funcionan como ministerios, no como empresas. Por tanto, lo que deben hacer es llevar a cabo el ajuste que han demorado durante tanto tiempo, sobre todo Air France.
Otra cosa son los seguros. Si las aseguradoras no quieren contratarlos, o hacerlo con un coste asumible hasta que pase todo, puede tener sentido cierta ayuda pública para evitar el desplome del sector, siempre y cuando sea a corto plazo. Pero unos y otros tendrán que hacer cálculos racionales y realistas porque ni los riesgos son infinitos ni los costes exagerados. Prueba de ello es que en las polizas de seguros que tiene Iberia ya se incluye la posibilidad de un atentado terrorista dentro de España, por culpa de ETA, e Iberia gana dinero y sus aseguradoras también. Por supuesto, esa cobertura ahora habría que extenderla a todos los vuelos de Iberia por todo el mundo, pero el coste parece asumible. ¿Por qué no lo va a ser también para las demás aerolíneas?
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