La Constitución y las leyes tributarias españolas establecen el reparto equitativo de la carga fiscal entre todos los ciudadanos españoles, atendiendo a su capacidad económica. Es lo normal y lo justo en un Estado moderno.
Sin embargo, la realidad práctica es muy distinta. El peso de la tributación acaba recayendo sobre quienes menos capacidad de organización tienen para ejercer presiones políticas. Y cada vez que se descuadra el Presupuesto, la ley del mínimo esfuerzo impulsa a los gobernantes a recargar un poco más las espaldas de aquellos que no estén organizados como grupo de presión potente.
Ni qué decir tiene que las actividades de los lobbies pervierten la esencia de la democracia representativa. Ningún gobierno que pretenda atender los intereses generales debería dejarse influir por las presiones de grupos que persiguen sus fines particulares. Sin embargo, en Europa —y también en EEUU— la tónica habitual es precisamente legislar a propuesta o a instancias de grupos de presión. No se entenderían, en caso contrario, las subvenciones y las rebajas impositivas en los carburantes que se conceden a los agricultores y a los pescadores, ni tampoco se entendería el impuesto especial al consumo de energía eléctrica para subvencionar la extracción de un carbón que podría importarse mucho más barato desde 10.000 km de distancia.
En este contexto, se entiende la amenaza de insumisión fiscal de los trabajadores y profesionales autónomos. Además de tributar por IRPF y pagar las cuotas de la Seguridad Social (con muchas menos prestaciones que los asalariados), deben tributar por el Impuesto de Actividades Económicas (no es nada infrecuente pagar más de 300.000 ptas. al año por este concepto), por el IVA, y pagar los carburantes al mismo precio que el consumidor final, cuando agricultores y pescadores disfrutan de un régimen especial.
La lógica del sistema ha impulsado a los trabajadores autónomos a organizarse y a ejercer presión para evitar que la carga de cuadrar los presupuestos recaiga una vez más sobre sus hombros. Es difícil reprocharles que procedan de este modo, sobre todo cuando el principal culpable es el Gobierno, humilde con los poderosos, soberbio con los indefensos y siempre indispuesto para reducir los gastos.
Sin embargo, la sustitución del sufragio universal por el corporativismo gremial nos lleva de vuelta a las sociedades estamentales del Antiguo Régimen. Los más poderosos y mejor organizados (Nobleza y Clero) no pagaban impuestos, y la carga fiscal recaía en el Estado Llano. Es responsabilidad del Gobierno, representante de los intereses generales, evitar una vuelta al “derecho de pernada” fiscal. Y para ello, debe empezar por cuadrar los Presupuestos gastando menos y por repartir más equitativamente la carga fiscal, sin ceder a las presiones de quienes pretenden escurrir el hombro de su parte de carga. Sólo entonces se podrá censurar con toda justeza la amenaza de los trabajadores autónomos.
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