El pasado verano, el mundo asistía atónito a un espectáculo inverosímil. Una de las áreas más desarrolladas de la primera potencia económica del mundo sufría severos apagones. La letal combinación entre precios máximos dictados por las autoridades, restricciones a la producción impulsadas por las organizaciones ecologistas, y ausencia de verdadera competencia entre las empresas productoras de energía eléctrica californianas habían producido sus frutos. Una década de intenso crecimiento económico e incremento espectacular de la demanda de energía agotó las restringidas capacidades de generación. No podía ser de otra manera, habida cuenta de que en diez años no se habían construido nuevas centrales.
En España (y también en el resto de Europa) caminamos aceleradamente hacia el mismo atasco eléctrico que padece California. Folgado no se cansaba de decir el pasado verano que una situación como la de California no se daría en España, y que el suministro eléctrico estaba garantizado para los meses de invierno. Se le olvidó decir que en condiciones normales, o más bien excepcionales. Gracias a la abundante generación de energía hidroeléctrica (Iberdrola ha batido el récord este año) aún no hemos sufrido apagones importantes (los de Madrid y Levante que tuvieron lugar el lunes, duraron unos 45 minutos); pero cuando el ciclo climático reduzca la pluviosidad a niveles mínimos, las situaciones vividas en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana entrarán dentro de lo cotidiano... si antes no se pone remedio.
Se apuntan varios factores que contribuyen a explicar la precariedad de la red eléctrica nacional, entre los que destaca la escasa inversión de las compañías generadoras en la red de subestaciones (muy envejecida), y la escasa disposición de las autoridades locales para autorizar nuevos tendidos de alta tensión. Sin embargo, estos son más bien los síntomas del problema, no el problema en sí. No parece razonable exigir inversiones a las eléctricas en su red de distribución cuando el precio del kilovatio sigue dictándolo el Gobierno (ha descendido en un 20%, mientras que el consumo se ha incrementado en un 17%), y cuando pueden colocar sus recursos financieros en sectores más productivos (como las telecomunicaciones).
Las eléctricas han disfrutado durante muchos años de un monopolio cartelizado con clientela cautiva. Es preciso introducir la competencia (nacional e internacional) con precios liberalizados; y en ese contexto, la fusión entre Endesa e Iberdrola, que podría haber generado economías de escala suficientes como para hacer rentables esas inversiones tan necesarias, era altamente recomendable. Pero Rodrigo Rato (con criterios de defensa de la competencia elaborados ad hoc, cuyo objeto parecía ser restar atractivo al proyecto) provocó la paralización de la iniciativa. A lo que hay que añadir la “sugerencia” del ministro de Economía, a finales del año pasado, para que las eléctricas le ayudasen a “maquillar” el IPC.
Si a todo esto sumamos la absurda moratoria nuclear —producto de la instalación en la opinión pública de criterios precientíficos y de fobias irracionales en torno a la generación de energía—, cuyos responsables directos son las organizaciones ecologistas, en complicidad con la falta de firmeza de los gobiernos y los medios de comunicación ante su demagogia antiindustrial, no parece descabellado augurar un futuro californiano para nuestro suministro eléctrico. Por la sencilla razón de que el mercado libre —al igual que en California— del kilovatio no ha llegado aún a España.
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