Después aportar unas pesetillas a la Fundación Elcano (de la que, probablemente, ya nunca más oiremos hablar), el Gobierno otorgará a los empresarios de moda españoles 32.000 millones de pesetas en cuatro años, destinados a ayudas oficiales a la promoción en el extranjero. Se creará una única pasarela de moda en España (los gobernantes tienen la obsesión de la uniformidad), que será la que reciba los fondos (y que ya ha provocado la rivalidad entre las de Cibeles y Gaudí). TVE internacional publicitará todas las colecciones, los jóvenes diseñadores obtendrán financiación para desarrollar sus colecciones, y el Ministerio de Cultura actuará como agente comercial en los museos del mundo.
Se dice que la moda puede promocionar la imagen de España en el exterior, y que eso se traduce, indirectamente, en beneficios para todos. Pero aun admitiendo que eso pueda ser así, habría que otorgar el mismo trato, por ejemplo, —y con el mismo pretexto de la cultura y el empleo— a los cocineros españoles, a los fabricantes de juguetes, a los productores de vinos —es francamente difícil encontrar vinos españoles en los supermercados fuera de España, incluso dentro de la Unión Europea—, a los productores de jamón ibérico, a las cerámicas de Talavera...etc.
Existen embajadas españolas en el mundo, con sus agregados comerciales correspondientes, que pueden asesorar a los emprendedores que decidan establecerse en el extranjero de las condiciones y peculiaridades existentes en el país de destino. También existen empresas de márketing dedicadas precisamente a estudiar cuál es la mejor forma de comercializar un producto. Y también existe el Instituto Español de Comercio Exterior, que presta servicios análogos (gratuitos o a un precio muy asequible) a las pequeñas y medianas que quieran embarcarse en la aventura de exportar, por lo que no parece que tenga mucho sentido dotar una partida presupuestaria especial para el sector de la moda.
Sin embargo, basta pronunciar juntas las palabras cultura y empleo para que los administradores del dinero público —cuyo principal temor es que la intelligentsia progre les moteje de filisteos— gasten con largueza el dinero del contribuyente en proyectos empresariales que, si ya no han sido acometidos, es porque no deben resultar muy rentables, o porque falta talento y empuje para comercializarlos. Si al menos se gastaran esos miles de millones en estudios de mercado realizados por empresas solventes, se podría garantizar algún resultado. Pero es de temer que esos 32.000 millones tengan el mismo fin que otras iniciativas “culturales” de los sucesivos gobiernos (como el Instituto Cervantes): servir de retiro digno y reposo a aquellos a quienes la vida activa ha echado fuera de su seno, o de apartadero temporal de figurones en paro, además de promocionar la adhesión política y la extravagancia gratuita, como sucedió con las subvenciones al cine que concedía el PSOE. Todo sea por la cultura.
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