Que España tenga uno de los porcentajes de población activa en paro más altos del mundo desarrollado hay que achacarlo, además de a los elevados costes laborales que para la empresa suponen las cotizaciones a la Seguridad Social, a la rígida legislación que en materia de despidos establece el Estatuto de los Trabajadores, que deja al arbitrio de la Administración el juzgar sobre la situación financiera y la viabilidad de una empresa.
Sin embargo, buena o mala, es la ley y hay que cumplirla. Por eso sorprende que al presidente de Iberia, Xabier de Irala, ya le hayan cogido en dos renuncios. El primero fue la abrupta suspensión de vuelos de su compañía con motivo de la dimisión de 99 de los 208 los pilotos que tenían responsabilidades en la Dirección de Operaciones. Irala intentó forzar la intervención del Gobierno (de su padrino, Rodrigo Rato) en un asunto que se le había ido de las manos (la huelga salvaje de los pilotos de Iberia), pretextando que corría peligro la seguridad de los viajeros (vana pretensión, puesto que los dimisionarios ocuparían sus puestos hasta que se les encontrara sustituto). Pero se encontró con la cólera de Álvarez Cascos, ministro del ramo, al que puenteó con la vista puesta en sus valedores, Rodrigo Rato y Juan Carlos Aparicio, quienes no pudieron interceder a favor de su protegido ante lo desproporcionado e injustificado de la medida.
El segundo renuncio ha tenido lugar en las negociaciones previas a la aprobación del expediente de regulación de empleo, motivado por los sucesos del 11-S y la recesión internacional. El trato discriminatorio a los pilotos (las condiciones eran de aceptación voluntaria para todos los trabajadores excepto los pilotos, para quienes estaba prevista una suspensión de empleo de dos meses al año) ha sido desestimado por el ministerio de Juan Carlos Aparicio, precisamente por no ajustarse a la ley.
Es comprensible que Irala, presidente de una compañía privada (aunque no tanto, por aquello de su calidad de “servicio esencial”), quiera acabar con el exagerado protagonismo y el desproporcionado poder que el Sepla adquirió en los largos años en que Iberia fue un monopolio estatal. Pero ha olvidado tres cosas en el camino: la primera, que uno no puede "sobrevolar" la ley, aunque tenga por amigos a los ministros encargados de aplicarla; la segunda, que Iberia, a pesar de ser una compañía de capital privado, sigue dependiendo (para bien o para mal) del poder político (como el propio Irala bien sabía cuando forzó su intervención el pasado verano), y la tercera, que probablemente su amistad con Rato no le sirva para evitar su salida de Iberia cuando cumpla su mandato al frente de la IATA, el próximo mayo. Su cabeza no vale tanto como para que Aznar permita que sus principales "pesos pesados" (Rato y Álvarez Cascos, quien se la tiene jurada a Irala desde el verano) se enfrenten entre sí. Bastantes problemas tiene ya que resolver el presidente en el próximo congreso del PP.
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