Una norma de la diplomacia internacional es no injerirse en los asuntos y políticas de otros países. Del mismo modo que si queremos vivir en paz no entramos en casa del vecino para decirle cómo debe gobernar su familia o administrar su patrimonio, las naciones, para vivir en paz, no deben inmiscuirse en los asuntos internos de otros países.
Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Cuando las acciones de nuestros vecinos perjudican nuestros legítimos intereses tenemos derecho a protestar, instándoles a que cesen en su actitud y reparen el daño causado. O bien, cuando nos solicitan ayuda, tenemos derecho a fijar cuáles serán las condiciones en que la vamos a prestar.
En el plano internacional sucede o debería suceder lo mismo. Es decir, “yo no me meto en tu casa, y tú no te metes en la mía; pero si quieres algo de mí, seré yo quien fije los términos”.
En el caso de Argentina y España parece suceder lo contrario: la ruina del país austral ha afectado seriamente a intereses españoles, y nuestro gobierno, en lugar de protestar enérgicamente ante las autoridades argentinas por anunciar el incumplimiento de sus compromisos la desdolarización de las tarifas de servicios públicos, gestionados por empresas españolas, por no hablar del impago de la deuda pública, de la que las arcas de los bancos hispano-argentinos están repletas ofrece “apoyo incondicionado” a los responsables de la catástrofe en forma de dólares y al alimón con el FMI. Según Rodrigo Rato, en declaraciones al diario argentino Clarín, “la posición española en las conversaciones no está condicionada por sus empresas. Las empresas españolas en la Argentina son parte de la economía argentina y por lo tanto sus esfuerzos están relacionados con la economía argentina”.
Es decir, las empresas españolas ya no son españolas, son argentinas, y al Gobierno de España no le incumben. Olvida el Sr. Rato que esas empresas pagan el 35% de su beneficio al fisco español en concepto de impuestos. Asimismo, también olvida el Sr. Rato que sus accionistas son mayoritariamente españoles, y que también pagan impuestos a la Hacienda española. Y también olvida que esos miles de millones de dólares con que tan generosamente piensa socorrer a la casta política argentina para que pueda pagar los sueldos de sus funcionarios (recientemente “descongelados”), salen del bolsillo del contribuyente español. Lo mínimo que cabe exigir al Gobierno es que impusiera condiciones para ofrecer ayuda. No basta con decir que “quisiéramos ver un plan coherente, estable, transparente...”. Mucho menos con decir que “un gobierno que cambia las reglas de acreedores e inversores (...) tiene que restaurar la confianza muy rápidamente y tiene que hacer esa negociación con los sectores económicos (...) Y yo no tengo por qué dar consejos, son sectores económicos argentinos”; puesto que se da por bueno de antemano el atraco que van a sufrir las empresas españolas a las que el gobierno argentino “garantizó” que cobrarían en dólares.
Muchas cosas tienen que cambiar en Argentina para que se den las condiciones suficientes en las que la ayuda internacional sería eficaz. Pero los dirigentes políticos argentinos han dado escasas muestras de arrepentimiento por haber conducido a su país a la ruina (no hace mucho que celebraron con gritos de júbilo el impago de la deuda). El estado argentino impaga la deuda pública y confisca el patrimonio de los ahorradores cada diez años. Ofrecer ayudas “incondicionadas” y cheques casi en blanco para que los artífices del desastre puedan seguir incidiendo en los mismos errores y dilapidando cada dólar que cae en sus manos para mantener a sus clientelas, además de ser una insensatez, es una falta de respeto para con el contribuyente español.
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