Cuando un deudor o una empresa no puede (o no quiere) hacer frente a sus deudas, el juez, a instancia de los acreedores, dicta una providencia de embargo contra el moroso. En primer lugar, se le embarga el dinero en efectivo y las cuentas bancarias. Si no hay suficiente para pagar todas las deudas, el embargo prosigue sobre los bienes muebles (valores bursátiles, joyas, vehículos, mobiliario, obras de arte, etc.). Y si con ello no hubiera bastante, finalmente se le embargan los bienes inmuebles (pisos, edificios, fincas urbanas, rústicas, concesiones mineras, etc.). Es decir, el proceso de embargo comienza por los bienes más líquidos (los más transportables) y termina por los menos líquidos (los que no se pueden transportar).
Pero cuando el que está en dificultades es el estado, suele suceder justo lo contrario. Los estados “nunca quiebran”, transfieren las consecuencias de esa quiebra incluidos los embargos a la ciudadanía. Primero, porque legalmente no pueden ser objeto de embargo, aunque no paguen sus deudas. Segundo, porque siempre pueden crear nuevos impuestos o devaluar la moneda para “tapar” sus agujeros. Y tercero, porque si todo lo anterior no fuera suficiente, el estado siempre puede expropiar, de un modo u otro, la riqueza que no puede ocultarse ni transferirse al extranjero; esto es, las propiedades inmobiliarias y los bienes raíces.
Para medir el respeto por la propiedad privada y la seguridad jurídica en su disfrute que existe en un país, quizá el método más objetivo y eficaz es revisar los gravámenes que recaen sobre la propiedad inmobiliaria y la normativa sobre alquileres vigente. Cuantos más impuestos recaigan sobre los bienes raíces, cuanto más desfavorable para el propietario de inmuebles sea la legislación sobre alquileres y cuanto más frecuentes sean los cambios en la legislación, menor respeto existirá por el derecho a la propiedad. Esto es así precisamente porque los propietarios de bienes inmuebles dependen totalmente de la seguridad jurídica y de la fuerza pública para que sus derechos no sean violados. Le corresponde al estado garantizarlos contra cualquier agresión... pero son innumerables las ocasiones en que el “protector” se ha convertido en agresor.
Es el caso del gobierno argentino, que ha comenzado por impagar sus deudas. Seguidamente ha confiscado una buena parte de los ahorros de la ciudadanía. Y como no ha sido suficiente (los que previeron el desastre pudieron llevarse su dinero a tiempo al extranjero), ahora le toca el turno a Repsol-YPF, entre otras cosas porque su riqueza no es transportable. A la infamia de incumplir, en primer lugar, su compromiso de defender la propiedad privada, el gobierno argentino ha añadido la desvergüenza de incumplir sus promesas para con las compañías de servicios públicos en lo relativo a la dolarización de las tarifas aunque ahora Duhalde diga que se “renegocie” con las empresas concesionarias y como colofón, un impuesto extraordinario a la exportación de petróleo al que sólo le falta incluir el nombre del sujeto pasivo.
Ni siquiera la buena disposición de los gestores de Repsol-YPF a entregar 1.400 millones de dólares al gobierno de Duhalde a cambio de su “tranquilidad” ha bastado para detener el ímpetu expropiador de un gobierno que, por el momento, no ha mostrado ninguna voluntad de sanear las finanzas públicas con verdaderas reformas económicas y fiscales, tanto por el lado de la recaudación como por el del gasto. Como los individuos de mal vivir, el estado argentino gasta sin tasa por encima de sus ingresos hasta que se le acaban los recursos y el crédito. Entonces, en lugar de abrazar una vida frugal y morigerada para pagar sus deudas y reconstituir su buen nombre, opta por dar el sablazo a aquellos incautos que depositaron en él su confianza para que sean ellos quienes paguen la cuenta de sus calaveradas... Y luego la gente se extraña de que hay países pobres.
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