La reforma del subsidio de desempleo que prepara el Gobierno es sin duda un paso adelante en la dirección correcta. Para muchos, “cobrar el paro” se había convertido en una forma de financiar “periodos sabáticos” con cargo al erario público para atender negocios particulares más o menos lucrativos, o en un sustancioso complemento económico para quienes trabajan en la economía sumergida.
Aunque las cifras de desempleo han descendido sensiblemente en los últimos años, no resulta creíble que casi un diez por ciento de la población activa sea incapaz de encontrar un trabajo remunerado acorde con sus aptitudes y capacidades laborales, cuando es preciso importar mano de obra (tanto cualificada como no cualificada) prácticamente en todos los sectores de la economía.
A partir del 1 de enero de 2003, no podrá rechazarse un puesto de trabajo situado a menos de 50 kilómetros de la residencia habitual, siempre que el tiempo de desplazamiento no supere las tres horas (ida y vuelta) y que el gasto no sobrepase el 20% del salario neto mensual. En países como EEUU es frecuente emplear una hora y media para llegar al puesto de trabajo, así como también lo son los cambios de residencia en función de las expectativas laborales. Los trabajadores no deben ser como los árboles, que nunca abandonan el lugar donde nacieron.
Tampoco podrán dejar de aceptarse cursos de formación ni empleos distintos del habitual que el trabajador pueda desempeñar con su nivel de capacitación cuando el beneficiario del subsidio de desempleo haya recibido la prestación durante cierto tiempo; con lo que, por fin, se deja de desincentivar la búsqueda activa de empleo.
Otra medida acertada es el fin de los subsidios no contributivos en el sector agrario (PER). Desde enero, sólo podrán cobrar los trabajadores que coticen, con lo que por fin se pondrá coto a la compra encubierta de votos que practican tantos alcaldes en Andalucía y Extremadura y que tan bien les viene a Chaves y Rodríguez Ibarra para perpetuarse en sus respectivas comunidades autónomas.
En definitiva, es preciso reconocer que las medidas que prepara Juan Carlos Rodríguez Aparicio son muy positivas para adecuar nuestro mercado laboral —uno de los más rígidos que existen— a la realidad económica de España y del mundo. Tan sólo habría que recordar al Gobierno que el sustancial ahorro que estas medidas van a suponer para las arcas de la Seguridad Social, bien podría emplearse en reducir las cotizaciones, tanto de empresarios como de trabajadores —asignatura pendiente de todos los gobiernos desde la Transición—. Es un verdadero disparate que las cotizaciones a la Seguridad Social constituyan casi el 30% de los costes laborales de una empresa —que, naturalmente, han de salir de la productividad del trabajador—, y quizá sea este el principal obstáculo a la creación de empleo y el mayor aliciente para pasar a la “clandestinidad económica” que es la economía sumergida. Va siendo hora de aplicar la "curva de Laffer" también a las cotizaciones.
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