Los funcionarios catalanes con hijos menores de un año podrán reducir su jornada laboral sin perder salario. Así lo determina la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral que aprobó –atención, por unanimidad– el Parlamento de Cataluña. La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, aseguró que esperaba que la medida “sensibilice” a las empresas privadas, algo que exigen los sindicatos UGT y CC OO.
La utilización de un lenguaje cariñoso es una vieja patraña de los enemigos de la libertad. Veamos, doña Núria, si los funcionarios catalanes cobran más dinero por trabajar menos, que eso es lo que ustedes han aprobado, esto no revela ninguna proclividad afectuosa de los políticos y legisladores autonómicos: simplemente, ustedes van a castigar más a los contribuyentes, que no tienen ni tendrán ninguna opción más que pagar el sueldo de los funcionarios. Eso no se llama “sensibilidad” en ningún idioma, señora: se llama coacción.
La coacción política no es gratuita, no sólo porque los ciudadanos la pagan directamente, sino porque también la pagan indirectamente: la mayor presión fiscal logrará que alguna empresa marginal desconocida cierre o que alguna otra empresa marginal desconocida no pueda ser creada en Cataluña, por culpa del incremento en la presión fiscal derivado de la “sensibilidad” de sus autoridades.
Claro, las cosas podrán ser mucho peores si los políticos, rebosantes de generosidad con dinero ajeno, deciden obligar a las empresas a conceder estos favores en todos los casos: el resultado será bueno para los trabajadores que conserven su empleo, pero muy malo para los que lo pierdan gracias a este “sensible” incremento forzado de los costes.
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