Era previsible que, en manos del juez Garzón y del fiscal Villarejo, los pormenores del caso BBV acabarían llegando antes a la prensa que a conocimiento de los afectados. En estas condiciones, el secreto de sumario, que está previsto para proteger pruebas, testigos y reputaciones de posibles imputados mientras se instruye la causa, se convierte en un instrumento perverso para realizar juicios paralelos con el objeto, precisamente, de destruir reputaciones; ya que los perjudicados por filtraciones interesadas no tienen posibilidad de defenderse eficazmente si no conocen el sumario.
El miércoles está previsto el levantamiento del secreto sumarial sobre el caso BBV, pero previamente hemos asistido a una persecución mediática y política organizada por PRISA y el PSOE en contra de Estanislao Rodríguez Ponga —secretario de Estado de Hacienda y antiguo empleado del BBV en el gabinete de asesoría fiscal en las fechas en que la directiva de este banco mantenía cuentas de dinero B en Jersey— que ha desembocado en su imputación en el caso, a instancias del Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.
La cuestión es qué delito se le imputa a Rodríguez Ponga. Puesto que, si se le acusa de diseñar el entramado que hizo posible el desvío de fondos del BBV a Jersey, lo lógico es que se imputase también a los que en el BBV eran sus superiores, ya que él no era el responsable máximo. Es sospechoso, pues, que sea Rodríguez Ponga el único imputado que no era miembro de la directiva. Además, las operaciones de Jersey estaban a cargo de BBV-Privanza, la filial del BBV dedicada a gestionar grandes patrimonios, mientras que Rodríguez Ponga prestaba sus servicios sólo para la matriz, por lo que es poco probable que tuviera siquiera conocimiento de ellas, habida cuenta de que eran altamente secretas y abiertamente ilegales.
Si lo que se le imputa es la elaboración de un manual para captar dinero negro, por lo que parece, éste se elaboró después de su salida del BBV. Existe al menos un testigo, ex empleado del BBV, dispuesto a declarar que Rodríguez Ponga elaboró junto con él, en Puerto Rico —otra de las sedes del entramado de blanqueo de capitales del BBV—, un manual de productos fiduciarios para captar dinero negro. Hay dudas de que tal cosa pueda constituir en sí un delito, pero lo cierto es que, de ser así, también tendrían que figurar en la lista de imputados sus superiores directos en la asesoría fiscal del BBV. Parece poco verosímil que dos empleados, en sus ratos libres, se dedicaran a elaborar un manual de actividades presuntamente delictivas que después iba a emplear el banco, si es que no se lo ordenaron sus jefes.
¿Nos encontramos ante un caso de cacería política organizada desde Ferraz y Miguel Yuste o ante un excelente actor? De momento, y hasta que se conozcan los detalles del sumario, hay indicios suficientes como para sospechar que se trata de la primera opción. El fiscal Anticorrupción, Jiménez Villarejo, es uno de los nombres más sobresalientes del felipismo judicial, tío de Trinidad Jiménez y emparentado con José Blanco, dos destacados miembros del equipo de Zapatero. Y Rodríguez Ponga es secretario de Estado de Hacienda, el sustituto de Giménez-Reyna. Nada podía beneficiar más la estrategia de desgaste de los socialistas —a falta de programa e ideas propias— que el segundo responsable de Hacienda que nombra Montoro tuviera que dimitir.
Y nada podía satisfacer mejor el rencor de Felipe González que Rodríguez Ponga y Montoro tuvieran que dimitir por motivos políticos, en una torticera aplicación de los principios, acuñados por Rato, de culpa in eligendo y de “responsabilidad” política. Pero en cualquier caso, aunque se demuestre que Rodríguez Ponga sea inocente, el PSOE ya ha conseguido lo que quería: desviar la atención de la opinión pública de un pasado que le compromete —no es preciso recordar que el BBV, una criatura de Solchaga, era casi como la “segunda casa” del PSOE— y fijar el punto de mira en el actual Gobierno.
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