La cacería política organizada contra el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, se ha quedado al menos por ahora sin argumentos. La petición de imputación formulada por Carlos Jiménez Villarejo contra Rodríguez Ponga ha sido desestimada por el juez Garzón, encargado de la instrucción del caso BBV. Y lo cierto es que no faltaban razones jurídicas para hacerlo.
La principal y determinante puede haber sido que Nelson Rodríguez, testigo protegido de la justicia norteamericana y ex directivo de la filial portorriqueña del BBV calificado de “mentiroso compulsivo” por sus ex compañeros, tendría que haber venido a España y declarar ante el juez, el fiscal y la defensa lo mismo que declaró ante Villarejo el 16 de noviembre de 2001, después de ser detenido por falsificar firmas y por apropiación indebida. Esto es, para que su testimonio fuera válido como prueba en la que apoyar la citación como imputado, Nelson Rodríguez debería haber declarado ante el juez que Rodríguez Ponga era el autor de un manual para blanquear dinero y que estuvo implicado en las operaciones ilícitas de la filial portorriqueña.
Pero además, la Constitución reconoce, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ratificado, que en ningún caso la presentación de pruebas o de testimonios a los que se les confiera valor probatorio pueden limitar el derecho a la defensa y a ser oído. Es decir, un testimonio que no ha sido corroborado ante el juez y en presencia del abogado defensor no puede constituir prueba ni, consiguentemente, ser base de ninguna imputación.
A lo que hay que añadir que el famoso manual, elaborado para BBV Privanza y no para la matriz, donde trabajaba Rodríguez Ponga, está adaptado a una legislación posterior al cese en el BBV del actual secretario de Estado de Hacienda, y que, además, tampoco existía sucursal o establecimiento permanente de BBV Privanza en Puerto Rico, por lo que Nelson Rodríguez poco podía saber de este asunto... alguien debió sugerirle el nombre de Rodríguez Ponga en aquella reunión en la Fiscalía.
Es sabido que Jiménez Villarejo se ha mostrado muy crítico en coherencia con sus ideas socialistas con el acceso a la función pública de profesionales procedentes de la esfera privada, sobre todo cuando ocupan cargos directamente relacionados con su anterior actividad. Pero sin entrar a debatir sobre lo razonable de este punto de vista, lo cierto es que en un artículo publicado el 6 de diciembre de 2000 en El País, el Fiscal Anticorrupción exponía su teoría al respecto, sugiriendo que los responsables de instituciones la Dirección General de Tributos que por aquel entonces ocupaba Rodríguez Ponga entre otras, podrían haber estado incumpliendo el principio de dedicación absoluta al cargo que consagra la Ley sobre Altos Cargos de la Administración Central.
No es descabellado pensar que Villarejo tiene a Rodríguez Ponga en su punto de mira desde hace algún tiempo, y que ha aprovechado la primera ocasión posible para acusarle y desprestigiarle. Además, al PSOE, incapaz de hacer oposición en el Parlamento, le hubiera venido de perlas forzar la dimisión del secretario de Estado de Hacienda. Habría sido la segunda, después de la de Giménez Reyna, y detrás, consecuentemente, tendría que haber ido el ministro, Cristóbal Montoro. Y por si fuera poco, Villarejo es tío de Trinidad Jiménez y pariente de José Blanco. Villarejo, en condiciones normales, tendría que haberse inhibido en este caso, que tan de cerca toca sus preferencias políticas y sus parentescos.
Pero Felipe González creó la Fiscalía Anticorrupción y le puso al frente de ella precisamente para eso: para aplicar la lupa o la lente deformante a los “extraños” y hacer la vista gorda con los “propios”. Y una prueba de ello es que, a pesar de que Garzón le ha dejado en evidencia, Villarejo sigue insistiendo en la “acuciante” necesidad de imputar a Rodríguez Ponga y ha recurrido el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional... una vez que ha mordido la presa, no quiere dejarla escapar. Aunque ya López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, empieza la retirada estratégica diciendo que “focalizar en Rodríguez Ponga o en su dimisión el interés y relevancia política del caso BBVA es de un reduccionismo inadmisible”. Hace dos días, la situación de Rodríguez Ponga era, según Jordi Sevilla, “insostenible”. Pero lo que realmente ha resultado insostenible ha sido el intento de Villarejo y el PSOE de arrancar el rábano por las hojas.
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