Aunque el sindicalismo en España, excepción hecha de unos pocos sindicatos profesionales, sigue siendo y proclamándose “de clase”, mantener abiertamente hoy en día la teoría de la explotación y de la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores —sobre todo después de las experiencias del socialismo real en el siglo XX—, sería la forma más segura de perder definitivamente el apoyo de la “clase obrera”. Es por eso por lo que los sindicatos de clase se vuelcan en la batalla por arrancar al Estado y a los empresarios aparentes beneficios, como son los subsidios por desempleo y las pensiones públicas.
Y todo ello sobre la base de un planteamiento falaz: son los ricos los que pagan los impuestos, y son los empresarios quienes financian la Seguridad Social. Por ello, es preciso “arrancarles” a través del Estado esa parte de renta y riqueza que, en otras circunstancias, se negarían a “soltar”. A tal efecto, y según este planteamiento, es necesario presionarles con ruegos o amenazas —pasando por encima del poder político legítimamente emanado de las urnas— para que otorguen lo que con tanta sinrazón niegan: mayores salarios, reducción de la jornada, empleo perpetuo, subsidio de desempleo casi indefinido, etc...
Sin embargo, por muy obtusos que los trabajadores les parezcan a los sindicalistas, saben perfectamente —por experiencia propia y ajena— cuál es el corolario de las políticas “sociales”: más impuestos sobre la nómina, menor salario líquido y más desempleo. Jamás se ha oído a un sindicalista defender la reducción de las cotizaciones sociales con el objeto de abaratar los costes laborales y crear más empleo. Unas cotizaciones que, pese a la cacareada ficción de que las paga el empresario en su mayor parte —para poder decir que al empresario se le han “arrancado” como una “conquista social”— , salen en realidad de la productividad del trabajador, quien no obtendrá empleo si no es capaz de producir, al menos, lo que le cuesta a la empresa. En la práctica, el resultado de estas “conquistas” es que los trabajadores menos productivos o menos cualificados se quedan fuera del mercado de trabajo.
De igual modo, jamás se ha oído tampoco defender a ningún sindicalista el abaratamiento de las indemnizaciones por despido, otra “conquista social” que también sale de las costillas del trabajador, pues una empresa bien gestionada debe realizar periódicamente provisiones para cubrir estas contingencias, que también entran en el capítulo de costes laborales. Al contrario, su propuesta es encarecerlas
Y, por supuesto, tampoco se les ha oído jamás defender una gestión racional del subsidio de desempleo —por ejemplo, sólo en casos de verdadera necesidad—, otro “derecho” o “conquista social” que también sale de los hombros del trabajador en forma de menores ingresos líquidos todos los meses. Es una curiosa forma de defender los intereses de los trabajadores el privarles por ley de casi el 30% de lo que producen (impuestos aparte), para después decirles qué gran “conquista social” supone tener la esperanza de recibir, algún día, una parte insignificante de todo aquello que aportaron sin que siquiera les dejaran darse cuenta... mientras otros lo disfrutan ilegítimamente. Pero la propuesta de los sindicatos es precisamente la contraria: “reforzar” las prestaciones por desempleo, tanto cuantitativa como cualitativamente, aprovechando el pequeño superávit existente en las cotizaciones sociales y sin tener en cuenta que éste se ha producido sólo cuando en España se ha batido el récord de empleados, en lugar de proponer su ahorro o una reducción proporcional de las cotizaciones sociales.
Es quizá por estas razones, por la eficaz y acertada política económica del Gobierno y por la condición burocrática de los sindicatos, que viven de los Presupuestos del Estado (esto es, de los impuestos de los trabajadores, afiliados o no) por lo que las centrales sindicales provocan cada vez menos entusiasmo entre la “clase obrera”. Por ello, y ante una reforma como la que plantea el Gobierno —necesaria para seguir creando empleo y riqueza—, desde su punto de vista sólo tienen dos opciones: aceptar en lo básico las propuestas del Gobierno y seguir perdiendo influencia “social”, o “contraatacar” con un “órdago”, esto es, con una amenaza de huelga general en el momento en que más daño puede hacerle al Gobierno, al final de la presidencia española de la UE, con la esperanza de poder asegurar sus poltronas y su influencia unos cuantos años más.
Mal haría el Gobierno en ceder al chantaje de quienes, a la desesperada, intentan salvarse de la quema en que su propia ineficacia, y sus indisimulados anhelos políticos al margen de las urnas, les ha situado. La situación actual no es la del 14-D, con una ciudadanía hastiada de la corrupción, de la ineficacia y de los modos prototiránicos del felipismo... y, probablemente, tenga que ser el Gobierno quien, con una concesión simbólica de última hora, salve a CCOO y UGT de su propia huelga, evitándoles con ello el clamoroso ridículo que, a buen seguro, cosecharían.
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