Si no existiera un interés directo por parte de la clase política en el control de los medios de comunicación audiovisuales, resultaría muy difícil entender por qué la creación de una nueva emisora de televisión o de radio ha de estar sujeta a los cupos, cánones y requisitos que fija la Administración, mientras que tales restricciones no existen (afortunadamente, y por motivos obvios) en lo tocante a la prensa escrita. En otros países donde existe verdadera libertad de prensa —como en EEUU— emitir radio o televisión tan sólo requiere un trámite administrativo relacionado con una cuestión meramente técnica, como es la asignación de una frecuencia que no esté ocupada hasta ese momento.
Sin embargo, en Europa —y concretamente, en España—, el Estado se apropia del espacio radioeléctrico —lo que equivale a apropiarse del aire o del viento —, y con la mezquina excusa de salvaguardar el interés público, el plurarismo informativo (¿?) y la rentabilidad (¡!) de las emisoras, prohíbe la emitir si antes no se cumplen los arbitrarios requisitos que el poder político de turno tenga a bien disponer. Sucedió con la televisión privada en abierto, cuando el PSOE estimó que sólo había espacio para tres canales de televisión: Antena 3, Tele 5 y Canal Plus. Este último, por cierto, especialmente privilegiado por González, quien le concedió —contrariando la norma legal que previamente su partido había aprobado— el monopolio de la televisión de pago. Y sucede también con la asignación de licencias de radio, que el poder político otorga con cuentagotas y puede abstenerse de renovar cuando le parezca oportuno y en función de intereses puramente políticos, como hizo Jordi Pujol con COPE Tarragona.
Pero, puesto que el nuestro es un estado de derecho, es preciso que se cumpla la legislación vigente —la cual, aunque errada y deficiente, se supone que es igual para todos— con el objeto de garantizar la seguridad jurídica. La Ley de Televisión Local —promulgada por el PSOE en los estertores de su última legislatura— establece muy claramente en su artículo 7 la prohibición a las televisiones locales de emitir en cadena. Medida, por otra parte, absolutamente coherente, pues de no ser así, estaríamos hablando de una cadena de televisión nacional, que tendría que ser autorizada expresamente por ley.
Localia TV es un grupo de emisoras locales distribuidas por toda la geografía nacional —controlado por el grupo Prisa— que comparte programación y contenidos en abierta violación de la legislación vigente y en franca competencia desleal con las emisoras genuinamente locales que cumplen escrupulosamente la ley. Siguiendo una antijurídica y antidemocrática política de hechos consumados, Polanco, en lugar de regularizar la situación de Localia, insta al Gobierno —por medio de su sobrino, Javier Díez Polanco— para que cambie la legislación. De momento, la ministra del ramo, Anna Birulés, ya ha anunciado que los requisitos de la Ley de Televisión Privada, en lo relativo a concentración de participaciones en cadenas privadas, podrán ser relajados, puesto que la pluralidad informativa, según ella “existe ya desde el punto de vista de la diversidad de operadores de televisión” También ha señalado “que vamos a establecer bien el marco de las televisiones locales”.
Es decir, Polanco, después de la fusión de las plataformas digitales, quizá no tenga que renunciar a Canal Plus o Localia, pues probablemente, cuente con un marco legal que refrende las actividades, hoy ilegales, de esta última. Curiosa forma de entender la pluralidad informativa, a no ser que identifique a don Jesús con el verdadero Dios, uno (Prisa) y trino (Canal Satélite Digital, Canal Plus y Localia), quien, de “controlado”, pasa a ser controlador y dueño de la situación, adaptando la ley a la medida de sus deseos y necesidades... Misterios del “interés público” que escapan al vulgar entendimiento de la ciudadanía y que sólo la clase política sabe interpretar correctamente.
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