El PP sufrió en sus carnes las consecuencias de un panorama mediático dominado por la alianza entre González y Polanco. De no haber sido por la eficaz labor de denuncia de la corrupción felipista que los pocos y acosados medios y periodistas independientes que quedaban en España llevaron a cabo, a Aznar le hubiera sido casi imposible llegar a ocupar su escaño azul. Prometió aprender la lección, pero una vez instalado en el poder, en lugar de poner los medios para que existiera verdadero pluralismo informativo, lo primero que hizo fue intentar crear una “Sogecable amiga” que “contrarrestara” a la de Polanco de la mano de Villalonga, su ex compañero de pupitre a quien colocó estratégicamente al mando de la todavía semipública Telefónica. Y para cubrir el flanco de la televisión en abierto, se asoció con Antonio Asensio. Ambos le salieron rana, no tanto por motivos políticos, sino por razones económicas, porque, aparte de servicio público, los medios de comunicación son, ante todo, un negocio. Y esta es, precisamente, la garantía de la pluralidad, en contra de lo que muchos creen. Intentar contrarrestar el monopolio de la televisión de pago concedido ilegalmente por González a Polanco, convirtiéndolo en un duopolio aún más artificial y a costa de los accionistas de Telefónica, era una operación destinada al fracaso.
Mucho más sensato y más acorde con el espíritu liberal del que el PP presumía en la oposición hubiera sido garantizar la pluralidad a través de la liberalización del espacio radioeléctrico, creando un marco donde fueran exclusivamente cuestiones técnicas, y no políticas, las que decidieran la concesión de nuevas licencias de emisión, o bien apoyando la alternativa de la radio y la televisión digital por cable, ya sea en su versión de fibra óptica o a través del cableado de las eléctricas, las cuales ya trabajan este proyecto. Pero parece que este Gobierno, como los que le han precedido, no renuncia ni quiere renunciar a ejercer el control, aunque sea indirecto, de los medios de comunicación.
Sin embargo, una vez cometido el error de copiar la estrategia de Polanco y González, es un craso disparate entregarse con armas y bagajes al “enemigo”, con tal de tenerlo, si no de su lado, al menos neutral. Aun dando por buena la inevitabilidad de la fusión de las plataformas en todo caso, provocada por la gestión con criterios políticos y no económicos de Vía Digital no estaría de más que Bruselas revisase la posible incompatibilidad de la fusión con la garantía de la pluralidad informativa. Resulta sospechoso que Rodrigo Rato insista en que sean las autoridades de defensa de la competencia españolas las que revisen la operación, cuando por su volumen es competencia europea. Si a ello unimos la desgana que el Gobierno muestra en poner coto a las ilegalidades de Localia TV y las declaraciones de Birulés, favorable a una “relajación” de las exigencias legales que afectan directamente a Polanco, no sería inverosímil pensar que el PP quiere “firmar la paz” con Don Jesús a cambio del monopolio de la televisión por satélite y por cable... de Telefónica. Si no, no se entendería tampoco que Aznar, en declaraciones a la agencia Efe, respondiera que el Gobierno no dio ni luz roja ni verde a la fusión: “esos son acuerdos entre empresas. Las luces verdes o rojas las dan las empresas”. Puede ser, pero por encima de los semáforos está el “policía de tráfico” Rodrigo Rato. Si no, que se lo pregunten a Endesa y a Iberdrola.
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