Uno de los activos del PP en el Gobierno es, sin duda alguna, su política económica. La reducción del desempleo en más de diez puntos porcentuales sobre la población activa y unas tasas de crecimiento del PIB que en ningún momento han bajado del entorno del 2,5% durante su mandato, corroboran el acierto con que los populares han gestionado la economía española.
Sin embargo, uno de los rasgos más sobresalientes de este Gobierno ha sido la tibieza en las reformas estructurales, particularmente en lo que toca a la fiscalidad. En el proyecto de la nueva ley del IRPF se contempla una reducción de la escala de tributación de tres puntos porcentuales (15% mínimo y 45% máximo). Anunciada a bombo y platillo por el presidente del Gobierno como la plasmación de las promesas electorales de su partido, la rebaja tiene más de ficticia que de real. Como pone de manifiesto el informe hecho público el jueves por el Círculo de Empresarios titulado La reforma fiscal que aún sigue pendiente, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, los tres puntos porcentuales de rebaja no llegan a compensar el deterioro del poder adquisitivo que ha tenido lugar entre diciembre de 1998 —la última vez que se revisó la escala— y diciembre de 2001: más de 5,6 puntos porcentuales; por lo que el resultado final, lejos de ser una verdadera rebaja impositiva, supone en realidad un ligero incremento de la presión fiscal real en los tramos medios de la escala de gravamen.
Únicamente en los tramos más bajos de renta —y sólo para los rendimientos del trabajo—, y en las deducciones por los rendimientos por alquiler de vivienda, la rebaja fiscal es apreciable. En lo tocante a las rentas del trabajo, las reducciones aumentan un 17% en los tramos inferiores de la escala. Sin embargo, en tramos de renta superiores a los 13.000€ (poco más de 2.160.000 ptas.), las reducciones sólo aumentan un 7%, poco más de la mitad del incremento de los precios (13%) desde la última reforma fiscal, en 1998. Y en cuanto a las rentas inmobiliarias, la reducción del 25% para los rendimientos procedentes del alquiler (50% durante cinco años en el caso de viviendas desocupadas), así como la elevación del 2 al 3% del coeficiente de amortización —medidas destinadas al estímulo del alquiler de viviendas—, son mejoras apreciables. Sin embargo, es poco probable que tengan un gran impacto, habida cuenta de lo fuertemente desfavorable que para el arrendador es la actual legislación sobre alquileres. El Gobierno ha sucumbido a la tentación de recurrir al parche fiscal en esta materia, en lugar de emplear su capacidad legislativa para eliminar las trabas que impiden la fluidez del mercado de alquileres, por impopular que, en principio y a primera vista, pudiera parecer.
En cuanto a la imposición a las rentas del capital, se continúan discriminando los dividendos respecto de las plusvalías en las ventas de valores —que no gozan de deducción por doble imposición— las cuales sólo pueden proceder de beneficios pasados no distribuidos y que ya tributaron, o de estimaciones de beneficios futuros que habrán de tributar igualmente. Tampoco se ha corregido el burdo sistema para evitar la doble imposición (elevación al 140% e integración en la base imponible, y deducción en cuota del 40%), que en los tramos altos de la escala de gravamen (rentas que tributan a un marginal de más del 30%) queda lejos de estar corregida.
Tan sólo la eliminación del draconiano régimen de transparencia fiscal para sociedades de profesionales, artistas o deportistas merece el calificativo de “reforma”, justificada, como dice el proyecto de ley del Gobierno, por razones de neutralidad impositiva; pues en la mayoría de los casos suponía una injusta sobretributación respecto del régimen personal en IRPF.
Sin embargo, como señaló Fernando Eguidazu, del Círculo de Empresarios, si se computan conjuntamente la tributación por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social (un 30% de los costes laborales), —la brecha fiscal— el asalariado medio español continúa y continuará trabajando después de la “reforma” casi seis meses para el Estado, por uno u otro concepto; y, lo que es peor, sin enterarse apenas, puesto que esa mitad de sus ingresos ya se la queda la Administración antes de que pase por sus manos. Con estas cifras, hablar de reforma fiscal no es más que un piadoso ejercicio de autoengaño... para quienes se dejen y quieran engañarse.
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