Aun a pesar de que el número de empleados se ha incrementado en tres millones y medio desde la última huelga general, en 1994, los servicios mínimos establecidos por el Gobierno son los mismos que entonces (y en el caso de Renfe incluso inferiores), los cuales, los sindicatos aceptaron y cumplieron. En 1994, el PSOE estaba en el Gobierno, y el objetivo de los sindicatos era bien claro: intentar detener una reforma laboral –cuya necesidad y acierto atestiguan esos 3,5 millones de nuevos empleos— que afectaba al conjunto de los trabajadores. Si bien es cierto que sólo en situaciones límite es legítimo plantear una huelga general –y en 1994 tampoco se daba el caso--, al menos entonces, los líderes sindicales tenían razones –aunque equivocadas-- estrictamente laborales para la convocatoria –crisis económica y altos niveles de desempleo-- y en sus intenciones no entraba la de tumbar a un Gobierno o ponerlo de rodillas.
Pero lo que queda fuera de toda duda es que en 2002, cuando España sigue creciendo en medio de la desaceleración económica internacional y presenta una de las coyunturas más saneadas de la OCDE, no existen motivos para una huelga general; sobre todo si se tiene en cuenta el carácter marginal de la reforma del subsidio de desempleo planteada por el Gobierno, que los sindicatos quieren presentar como la destrucción total de los derechos del trabajador. Sin embargo, sí se da una condición que en 1994 no estaba presente: el afán de hacer todo el daño posible al Gobierno, por la sencilla razón de que “es de derechas” y parecería un desafuero que José María Aznar se marchara de La Moncloa sin catar la hiel que el rais González tuvo que tragar por sus propios deméritos.
Hay pocas dudas de que los sindicatos no están dispuestos a aceptar ningún servicio mínimo en los transportes públicos que permita ejercer a los españoles su derecho al trabajo. La excusa de la reforma del desempleo ha pasado ya a un segundo plano para dejar paso al objetivo principal: humillar al Gobierno precisamente cuando más necesidad tenía del apoyo de todos los sectores sociales para presentar ante Europa y ante el mundo, en Sevilla, la imagen de un país moderno y serio, donde los conflictos se resuelven con sentido común en la mesa de negociaciones.
Ni Méndez, ni Fidalgo ni Zapatero (teledirigidos por González) tienen otro objetivo que no sea paralizar España para poner de rodillas al Gobierno, algo de lo que no parece haberse enterado el propio Aznar, quien “tenderá la mano” a los convocantes el día 21 sin siquiera saber el resultado de la huelga, ni los miembros de su Gobierno, más preocupados por no quemarse de cara a la carrera sucesoria que por dar la cara y respaldar a su jefe.
Pío Cabanillas considera que el derecho a la huelga debe ser garantizado del mismo modo que el derecho al trabajo. Sin embargo, olvida que para secundar la huelga, tan sólo es necesario quedarse en casa, mientras que para ejercer el derecho a trabajar es preciso disponer de los medios de transporte que los sindicatos pretenden paralizar. No estaría de más saber cuáles son esos “otros mecanismos” de los que habló el lunes y cómo evitará –si es que no se ha marcado un farol-- que se produzcan las escenas clásicas de las huelgas en el transporte público, como las últimas de Madrid y Barcelona: lunas rotas, ruedas pinchadas, nutridos grupos de ociosos liberados impidiendo el acceso a las cocheras, ataques a autobuses repletos de viajeros, etc. Pero una cosa es prácticamente segura: el día 21 de junio, pase lo que pase la víspera, a nadie se le sancionará por no cumplir los servicios mínimos... por eso, no es de extrañar que los sindicatos anuncien con tanta alegría y desenfado que no piensan cumplirlos
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