Una curiosa anomalía de nuestra democracia es que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, instituciones que –se supone– deberían ser la expresión de la vitalidad de la sociedad civil, después de 25 años todavía siguen conectados a la respiración financiera asistida de los Presupuestos del Estado. Con la excusa de la desvertebración de la sociedad española después de casi cuarenta años de dictadura, políticos, sindicalistas y empresarios introdujeron en la Constitución los mecanismos necesarios para asegurar su supervivencia como organizaciones, al margen de la mayor o menor voluntad de los ciudadanos de contribuir a su sostenimiento. De este modo, la teórica libertad de afiliación a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales, a través del mecanismo fiscal, se convierte indirectamente en afiliación obligatoria e indiscriminada, se esté de acuerdo o no con los planteamientos que sostengan estas instituciones. Y si en algo están de acuerdo los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales es en negarse taxativamente a cortar el cordón umbilical que les une a los Presupuestos.
Es, quizá, este vicio de origen, –unido al “argumento” de la coacción, que los sindicatos han esgrimido periódicamente desde la Transición– lo que iguala –a los ojos de los sindicalistas– a Gobierno y sindicatos en poder, legitimidad y representatividad. Y es también por ello por lo que, después de haber fracasado estrepitosamente en su descabellada huelga general, todavía conservan la arrogancia y la suficiencia de quien se sabe miembro vitalicio –pase lo que pase y hagan lo que hagan– de la selecta aristocracia de la subvención.
Y, en coherencia con este planteamiento, se sienten despreciados porque Aznar –a quien consideran su par en el reparto de poder político– no les ha recibido en La Moncloa y ha delegado en Rato quien, a su vez, le ha pasado la patata caliente a Aparicio. Al error de ignorar el fracaso de su “plebiscito” –provocado por la irracional exigencia mantenida por Fidalgo y Méndez de que se retire el proyecto de ley sobre reforma del desempleo como condición previa para entrar en una negociación que, en modo alguno, estaba el Gobierno obligado a sostener–, acumulan la sinrazón de querer ser recibidos como si fueran presidentes de comunidades autónomas, jefes de Estado o líderes de partidos políticos con representación parlamentaria.
La inmunidad que la subvención estatal otorga a los sindicatos respecto a los avatares electorales –en esto llevan ventaja sobre los partidos políticos, cuya subvención depende del número de escaños que logren en las elecciones–, la alianza con un PSOE incapaz de practicar una oposición distinta de la patada directa a la rodilla sin más explicaciones y el exquisito trato que el Gobierno del PP les ha dispensado en todo momento, les ha hecho perder completamente el sentido de la realidad. Como sus socios del PSOE, están desnudos y en la indigencia. Y lo peor de todo es que, como padecen de esquizofrenia aguda, ni siquiera se han dado cuenta.
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