Los recientes escándalos financieros en Estados Unidos son debidos a que importantes empresas que cotizan en bolsa contabilizaron como inversiones lo que en realidad eran gastos y ocultaron enormes pasivos a través de subsidiarias. Los estados financieros de esas corporaciones reflejaban una situación falaz. Esas conductas han sido castigadas por el público inversionista con la venta de las acciones de las empresas tramposas, provocando una estrepitosa caída de sus precios y poniéndolas al borde de la quiebra.
Varios de los directivos de esas empresas han sido despedidos y otros enfrentan procesos judiciales. Ese tipo de contabilidad engañosa, que ha causado escándalo en los Estados Unidos, es una práctica cotidiana para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. En nuestros países, los funcionarios responsables de ese tipo de contabilidad fraudulenta rara vez son llamados a cuentas o denunciadas públicamente las prácticas contables engañosas.
En México, el nuevo gobierno recibió una deuda (interna y externa) registrada por una cantidad equivalente a 135.000 millones de dólares, pero al analizar detenidamente el endeudamiento real del gobierno federal, no se contabilizó la deuda por el rescate bancario (IPAB) por más de 67.000 millones de dólares y la de los PIDIREGAS o inversiones de particulares por cuenta y para el gobierno, por cerca de 38.000 millones de dólares.
Las cifras de deuda oficial del gobierno anterior dejaron afuera más de 100.000 millones de dólares de pasivos. El déficit presupuestal en las finanzas públicas recibido por el actual gobierno oficialmente era del 1,1%, pero si le sumamos varias obligaciones no contabilizadas, como las anteriormente mencionadas y las derivadas de pensiones y jubilaciones, el verdadero déficit del gobierno es cercano al 4% del PIB.
Las mismas prácticas contables que para Enron, Adelphia, WorldCom y otras compañías norteamericanas han sido calificadas como fraudulentas y engañosas, para muchos gobiernos son parte de sus usos y costumbres, bajo los cuales normalmente funcionan. Para terminar con esas simulaciones y no seguir engañando a los ciudadanos es necesario que tanto las empresas privadas como los gobiernos respeten los principios básicos de una contabilidad honesta, realista y se castigue a quienes no cumplan con ello.
Luis Pazos es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de México
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