Al final del día la diferencia entre la debacle y la estabilidad radica en la política fiscal. Y la diferencia entre un politiquillo y un político es que el segundo sabe que sin viabilidad fiscal todo se va al demonio. Dicen con razón que en los contratos hay que poner especial atención en la letra pequeña. El equivalente a “la letra pequeña” en las ofertas de los políticos es el costo fiscal de sus promesas.
Por eso Arnold Harberger, brillante maestro de varias generaciones de economistas que han mostrado su competencia en diversos gobiernos, dice que el principal requisito para ser un gran ministro de Hacienda es tener agallas. Agallas para decir “¡no!” todas las veces que al ministro se le solicita su firma en cheques del erario a cuenta de ingresos que no se tienen. Cheques sin fondos.
El mayor daño que los políticos pueden hacerle al país, a cada ciudadano, es robarle el futuro con el gasto público irresponsable. Toda política es tarde o temprano política fiscal. Y el drama de la mayor parte de la izquierda latinoamericana -incluida la socialburócrata- es que no ha entendido que sin responsabilidad fiscal no hay Estado viable.
Esta es la dolorosa y gran lección que hoy nos brindan Argentina y Brasil. La soberanía y la libertad se esfuman para los ciudadanos de carne y hueso, cuando llega la hora de enfrentar el déficit fiscal, con una mano delante y otra atrás. El déficit fiscal real en México es muy elevado, alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), y tiene una clara tendencia a incrementarse. Las reformas estructurales pendientes son indispensables para recobrar espacios de libertad y darle viabilidad al Estado.
No sólo las grandes corporaciones, como WorldCom, hacen “contabilidad creativa” para disfrazar sus pérdidas o inventar ganancias. También lo hacen los gobiernos. Durante el sexenio pasado se nos insistió en que el déficit fiscal de México era menor al 1 por ciento del PIB. Eso es cierto de acuerdo a una contabilidad convencional, pero tramposa. En el balance fiscal típico no se incluyen los compromisos contingentes del gobierno, tales como los famosos Pidiregas (proyectos de infraestructura de impacto diferido en el gasto) con los que se han estado financiando plantas eléctricas e instalaciones de la industria petrolera.
Peor todavía; en su inicio los recursos de los Pidiregas aparecen engañosamente en la columna de los ingresos porque las empresas del gobierno, (Pemex o CFE) recibieron recursos “frescos”, pero se trata en realidad de nuevas deudas irrecusables y, además, sujetas a un riesgo variable (en función de que la inversión en infraestructura genere o no los ingresos futuros -dependiendo del incierto mercado mundial de los energéticos- necesarios para cumplir esos compromisos de pago).
Si un gobierno debe gastar lo que no tiene en seguir alimentando un monopolio energético ineficiente, caro y con proclividad a la corrupción, ese gobierno está condenando a la miseria y a la extinción a todo un país. Se necesita mucha ignorancia, fanatismo o perversión para decir que prohibir la inversión privada en la industria energética es defender la soberanía.
Pregúntenle a los argentinos cuál es hoy su margen de maniobra, sus espacios de libertad para crecer, para producir, para emprender. La respuesta es terrible; el margen es cero o muy cercano a cero. Eso sí es perder la soberanía, lo demás son cuentos políticos para seducir a los incautos.
Ricardo Medina Macías es analista político mexicano.
© AIPE
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