Una vez más, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado va a servir para camuflar las reformas legales impopulares, poco confesables o escasamente justificables de los gobiernos. A la anunciada modificación de la Ley de Televisión Privada el pasado viernes, que suprime el límite del 50% de participación en el capital para un solo accionista –medida adoptada a última hora para facilitar la fusión de las plataformas digitales– se une también de tapadillo la modificación de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, la misma que Localia TV ha venido incumpliendo flagrante e impunemente desde el momento mismo de su constitución sin que el Ejecutivo de Aznar haya movido un solo dedo para impedirlo.
Tanto es así que el Gobierno ha tenido más de seis años para elaborar y aprobar un reglamento que desarrollara la ley en sus detalles técnicos y administrativos. Pero no lo ha hecho, y en el río revuelto de la “alegalidad”, donde nacieron multitud de emisoras locales, el imperio de Polanco ha traspasado con Localia TV la línea que separa la alegalidad de la ilegalidad, constituyendo una cadena de televisiones locales con la clara intención de convertirla en la cuarta cadena privada nacional en abierto, su comodín por si acaso hubiera tenido que deshacerse de Canal Plus como requisito para la fusión digital –ahora ya es evidente que no tendrá que hacerlo–, sin necesidad de esperar a que un futuro gobierno tenga a bien convocar nuevas licencias.
La reacción del Gobierno, en lugar de aplicar la ley sancionando a Polanco e impidiendo que la transmisión de contenidos en cadena no supere el 25% del tiempo total de emisión, ha sido modificar el cuarto punto del artículo 7 de la ley que regula las televisiones locales para asumir el control de la formación de cadenas o de la emisión en cadena cuando éstas tengan lugar en territorio que pertenezca a más de una comunidad autónoma. Puesto que la ilegalidad de Localia TV supera el ámbito autonómico –algo que no podía prever la ley original, aprobada, por cierto, por el PSOE en 1995, poco antes de que abandonara La Moncloa–, para “legalizar” su situación de hecho ya consolidada era necesario que el Ejecutivo se atribuyera directamente la capacidad de autorizar las emisiones en cadena. Aunque el gabinete de Aznar tendrá que emplearse a fondo –incluso si de ello se ocupa Piqué– para justificar, sin vulnerar excesivamente la letra de la ley, el cumplimiento del criterio de proximidad, que permite la emisión en cadena, en el caso de las emisoras de Localia TV en Huelva y Lugo, por ejemplo.
Polanco, aprovechando los complejos centristas de los populares y los miedos de la dirección del PP a que la implacable maquinaria de Prisa aniquile al sucesor de Aznar antes de que pueda dar sus primeros pasos, ha conseguido forzar la mano del Gobierno y que éste dé el primer paso hacia la validación de lo que Polanco ha impuesto “por el poder normativo de los hechos”, como diría Herrero de Miñón; pues de otro modo no se explicaría la docilidad y presteza con que se va a modificar la Ley de Televisones Privadas –para la que también se prevé relajar posteriormente la prohibición de participar en el capital de más de una emisora– o el repentino interés por modificar la Ley de Televisiones locales, cuyo reglamento, después de casi siete años, aún no se ha elaborado –ni, previsiblemente, se elaborará. Y ha sido precisamente Josep Piqué –el personaje del Gobierno peor tratado por Prisa, a cuenta del asunto Ercros– quien se ha encargado allanarle el camino a Don Jesús, quizá para que le trate un poco mejor en su candidatura a la Generalitat.
Sin embargo, lo enigmático de este asunto es que ni A3 ni Tele 5, las dos cadenas privadas en abierto de ámbito nacional, se hayan quejado lo más mínimo del bocado que Polanco está arrancando con Localia TV al muy disputado pastel publicitario, por el que ya compiten deslealmente TVE y las autonómicas. Quizá de A3 TV pueda entenderse, pues Telefónica controla esta cadena a través de Admira (propietaria también de Vía Digital), y no tendría mucho sentido declararle la guerra a Polanco justo cuando la fusión de las plataformas ya se ha acordado. Pero en el caso de Tele 5, el enigma subsiste pues, que se sepa, su principal accionista, el Grupo Correo, no tiene intereses comunes con Polanco.
Pero sea como fuere, entre todos han extendido una alfombra roja a Polanco para que tome posesión de un imperio engrandecido, primero por los errores del Gobierno, después por sus complejos y miedos sobrevenidos y finalmente por su ignominiosa claudicación.
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