El Tribunal de Cuentas hizo pública el martes por primera vez una lista de 14 sindicatos y organizaciones empresariales, entre los que se encuentran la Confederación de Empresarios de Galicia, CC.OO, CEOE, Cepyme y UGT, que han empleado los fondos de la FORCEM para otros fines distintos del reciclaje profesional. Y también por primera vez, el Tribunal de cuentas exige a estas organizaciones la devolución de los fondos malversados (2,10 millones de euros) entre 1996 y 1998. A todo esto se añaden las múltiples denuncias de trato discriminatorio en el acceso a los cursos (en algunos casos sólo tienen acceso a ellos los afiliados a las organizaciones que los gestionan), el cobro ilegal de matrículas y pagos millonarios por servicios de asesoramiento jurídico contratados arbitrariamente con entidades vinculadas a dirigentes sindicales.
El “modelo argentino” adoptado en 1992 para la gestión de los cursos de reciclaje profesional pagados con dinero público, ha resultado ser una fuente de corrupción y financiación ilegal de sindicatos y organizaciones empresariales. Era previsible, puesto que el modelo corporativista de relaciones laborales y negociación colectiva que existe en España (más propio de la Italia de Mussolini que de un régimen democrático) cede a sindicatos y organizaciones empresariales un poder soberano y un protagonismo que no se corresponden con el número de sus afiliados ni con las cuotas que éstos pagan. Además, dada la naturaleza político-extorsionista de los “agentes sociales” –principalmente los sindicatos–, la poco transparente gestión de los cursos de la FORCEM ha sido uno de los precios a pagar en años anteriores por la “paz social”.
Pero ante tal cúmulo de irregularidades, el Gobierno tuvo que remodelar la FORCEM en junio de 2001, creando una fundación tripartita, donde, además de sindicatos y organizaciones empresariales, estuviera presente la Administración a través del INEM. Era un paso lógico y necesario para evitar la corrupción y la arbitrariedad en la gestión del dinero público dedicado a estos fines, pero dada la gravedad de lo revelado por el Tribunal de Cuentas, actualmente se encuentra paralizada desde octubre del año pasado. Sin embargo, todo esto resulta insuficiente en la medida en que aún no se han depurado responsabilidades por la malversación de esos fondos. Si bien es cierto que algunos responsables directos han sido encausados por la Audiencia Nacional, han tenido que mediar denuncias de los interesados para que la Justicia empiece a investigar estos asuntos.
A primera vista, sorprende que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas –dependiente del Fiscal General del Estado– no haya iniciado antes ni ahora acciones legales contra los responsables últimos de esta trama de corrupción y financiación ilegal –Cuevas, Méndez y Fidalgo– por permitir la proliferación de los fraudes, que ya eran notorios poco después de la constitución de la FORCEM. Sin embargo, se entiende hasta cierto punto que ni los gobiernos del PP ni los del PSOE hayan querido incidir demasiado en este asunto, habida cuenta de que, probablemente, ellos tampoco pueden tirar la primera piedra en lo que concierne a la pureza legal de los fondos con los que se financian, ni tampoco quieren malograr la absurdamente codiciada “foto” del “diálogo social”.
El dinero que a los trabajadores se les descuenta de la nómina todos los meses en concepto de contribuciones a la formación profesional, así como las subvenciones que se reciben de la Unión Europea para este fin, no debería quedar al arbitrio de unas organizaciones que, si algo han demostrado desde la Transición, es su escasa representatividad y su inclinación a hacer política al margen de las urnas. Estaría mucho mejor empleado en la concesión directa de becas para el reciclaje profesional a los trabajadores que reunieran las condiciones necesarias para solicitarlas. Aunque puede que sindicatos y empresarios lo consideraran “perjudicial” para la “paz social”.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro