Titular de El País: “Más de 180 economistas exigen a Aznar un cambio profundo de su política económica”. Estuve a punto de reconciliarme con la profesión, entreviendo que estos colegas iban a criticar al Gobierno del PP por su pusilanimidad reformadora y liberalizadora, poniendo el énfasis en la necesidad de disminuir el gasto público y los impuestos, y de abrir todos los mercados. Pero no.
Estos economistas responden al PSOE y al pensamiento único intervencionista, y se quejan porque “la actual política social no da respuesta a las demandas de la sociedad”. Vamos, que deben creer que a James Buchanan le dieron el premio Nobel simplemente porque pasaba por ahí.
Con tales mimbres, todo lo que recomiendan apunta a menos libertad para los ciudadanos. Se quejan porque el gasto social por habitante es sólo “el 63 % de la media europea”, y reclaman que en materia de vivienda el Gobierno aumente el gasto público ¡diez veces!
Se oponen, cómo no, a la “precariedad laboral”, sin ningún recuerdo para los gloriosos años del PSOE, cuando no había precariedad en el empleo, porque no había empleo.
No sólo piden más gasto por todos lados, como si fuera gratis, como si no tuviera ninguna consecuencia negativa, como si no requiriese más impuestos, sino que –seguramente por aquello de las soluciones imaginativas– propugnan para controlar la inflación un Tribunal de Defensa de la Competencia “que impida la discrecionalidad de los mercados”. Vamos, que para resolver la inflación, que es un fenómeno monetario determinado por las autoridades, estos “economistas” proponen que quede prohibida por ley. Van de modernos y progresistas, presumen ahora de amar la competencia, pero en el fondo lo que les chifla es el franquismo, el control de precios y la planificación.
Qué profesión, señor.
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