Una de las lecciones más antiguas y peor entendidas de la teoría económica es que las intervenciones de los poderes públicos en los mercados suelen ser ineficaces, cuando no totalmente contrarias a los fines que persiguen. Y la política de medios de comunicación que ha seguido el Gobierno del PP es una clara muestra de ello.
Los favores del Gobierno de González (Canal Plus como única televisión de pago y la anulación de Antena 3 de radio, entre otros) y la innegable pericia de Jesús de Polanco, colocaron al Grupo Prisa en una posición dominante en el panorama mediático, y el Gobierno de Aznar, en lugar de liberalizar el espacio radioeléctrico o conceder más licencias de emisión, impulsó la entrada del grupo Telefónica en el mercado de los medios de comunicación con la creación de Vía Digital y la participación en Antena 3 y Onda Cero. Como esta operación no fue fruto exactamente de una estrategia empresarial de Telefónica encaminada a la diversificación de sus líneas de negocio, sino de un intento del Gobierno para hacerse con un grupo de medios de comunicación afín que sirviera para contrarrestar la enorme influencia del Grupo Prisa, que tan difícil le puso al PP la llegada a La Moncloa, los factores políticos primaron sobre los puramente económicos y de gestión empresarial.
El resultado es de todos conocido: la guerra por los derechos del fútbol, que ganó Polanco, ha arruinado a Vía Digital (su valor patrimonial neto es nulo o negativo) y ha puesto en serios aprietos a Sogecable. Desde un punto de vista estrictamente económico-empresarial, la solución más lógica es que las dos plataformas se fusionen, aprovechando las sinergias y las economías de escala que pueden aportar sus empresas matrices (Prisa-Sogecable los contenidos, y Telefónica su red de cable).
Sin embargo, desde el punto de vista de la competencia y del pluralismo, la fusión resultaría en un monopolio de facto, donde una sola empresa, la nueva Sogecable, controlaría los contenidos más interesantes para los espectadores (el fútbol, el cine y los toros) con acceso exclusivo a la única red de cable de ámbito nacional y al mayor proveedor de servicios de Internet. Aunque es difícil aventurar cómo hubiera evolucionado el mercado de la televisión de pago en ausencia de los privilegios y las intervenciones arbitrarias impulsadas por los sucesivos gobiernos, cabe decir que es probable que no se hubiera producido una situación como la actual.
Paradójicamente, la única solución para evitar el doble monopolio de emisión y de contenidos al que han abocado las políticas intervencionistas de los gobiernos del PSOE y del PP parece ser una nueva intervención. El Tribunal de Defensa de la Competencia hizo público el miércoles su dictamen sobre la fusión, que aprueba bajo diez condiciones fuertemente restrictivas las cuales, como sucedió con el proyecto de fusión de las eléctricas, podrían hacerla prácticamente inviable o, al menos, no tan atractiva como era en principio.
El TDC, con el objeto de garantizar el pluralismo y dar una oportunidad de desarrollarse y competir a la alternativa del cable (Ono y Auna) –que se vería privada de contenidos una vez consumada la fusión– prescribe la apertura de la plataforma resultante a canales propiedad de terceros en un porcentaje significativo que será establecido por el Gobierno e impone condiciones a la gestión de los derechos del fútbol, limitando a tres años el periodo de adquisición, que será de un año en el caso del cine. Asimismo, la nueva Sogecable tendría también que facilitar a los operadores que lo deseen en condiciones de mercado equitativas el acceso individual a los canales temáticos, quedando prohibida su agrupación en paquetes. Y queda también prohibido otro de los grandes atractivos de la fusión, como es la comercialización conjunta de la plataforma de televisión resultante con el acceso a Internet de banda ancha de Telefónica.
Habida cuenta de que el Gobierno se comprometió a respetar los términos del dictamen del TDC (donde no ha reinado precisamente la unanimidad, pues fue aprobado por cinco votos a favor y cuatro en contra), de lo restrictivo de las condiciones (Polanco y Alierta querían un mínimo de cuatro años para el fútbol, tres para el cine y la emisión en exclusiva de sus contenidos) y aun a pesar de que el Gobierno allane la dificultad legal de las participaciones cruzadas en Antena 3 y Canal Plus –como ya anunció en su día–, existen posibilidades ciertas de que la fusión, una vez privada de sus factores más atractivos, finalmente no se lleve a término.
En tal caso, puesto que Vía Digital quedaría abocada a la quiebra y la venta de sus activos a un precio muy inferior del que hubiera resultado del proceso de fusión –pues en la práctica los únicos compradores posibles serían las cableras (que también atraviesan grandes apuros financieros), la propia Antena 3 (de la que Alierta también quisiera desprenderse algún día) o Tele 5, precisamente en un momento en que los ingresos por publicidad no son tan boyantes como antaño– probablemente no se evitaría la situación de monopolio si la plataforma de Polanco consigue resistir el tiempo suficiente para eliminar del mercado a Vía Digital, a no ser que el Gobierno –algo improbable, dado su reverencial respeto y temor al magnate cántabro– le obligue (como sucedió en Italia) con una nueva intervención a renegociar los derechos del fútbol y del cine. Y de producirse la fusión, Telefónica no obtendría unas condiciones tan favorables de Prisa, pues su principal aportación, la red de cable y el acceso a Internet, no podrá aprovecharse plenamente si el Gobierno, como prometió, acepta el dictamen del TDC.
Todo indica que el principal perdedor en este lance será Alierta, que tendrá que pagar los platos rotos de la aventura mediática del Gobierno dirigida por Villalonga, mientras que Polanco, de un modo u otro, consolidará su poder. Una muestra más de los efectos perversos del intervencionismo.
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