La carestía de la vivienda se ha convertido en un problema nacional de primer orden. Una gran parte de la renta disponible de las familias (en ocasiones casi el 50 por ciento) ha de dedicarse al capítulo de la vivienda, y las consecuencias de este desproporcionado esfuerzo (sobre todo si comparamos con EEUU) son, entre otras, la tardía emancipación de los jóvenes y la baja tasa de natalidad. Es por ello por lo que el tema de la vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de campaña electoral.
Se ha repetido hasta la saciedad que el principal factor de carestía de la vivienda es el suelo (a veces más de la mitad del precio final), al que se añade, en el caso de los alquileres, una legislación que en la práctica deja desprotegido al propietario ante los abusos y la mala fe de los inquilinos. El sentido común indica que la fórmula más adecuada para paliar el alto coste de la vivienda en propiedad es declarar urbanizable todo el suelo disponible que no posea un interés ecológico o paisajístico especial, y elaborar, en cuanto a los alquileres, una legislación que otorgue al propietario la seguridad jurídica suficiente.
Por desgracia, ha sido el PSOE el que con más fuerza se ha opuesto a estas medidas de sentido común. La Ley del Suelo elaborada por el PP en 1997 fue abortada por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE, y cada vez que el Gobierno la ha propuesto a los socialistas un pacto para liberalizar el suelo susceptible de ser urbanizable ha chocado con la negativa, con las excusas o con la demagogia del PSOE. En cuanto a los alquileres, la cerrazón de los socialistas se une al “centrismo” del Gobierno, que cree más “políticamente correcto” penalizar fiscalmente a los propietarios que no se atreven a alquilar sus viviendas que modificar la ley.
Con todo, la intención del Gobierno de conceder reducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que construyan viviendas destinadas al alquiler para jóvenes o personas con rentas bajas, aunque no es ni con mucho la solución óptima al problema, al menos constituye una medida orientada en la dirección correcta, ya que encauza la iniciativa privada hacia el incremento real de la oferta de viviendas en alquiler.
Sin embargo, el PSOE, más pendiente de la demagogia y del golpe de efecto que de idear y pactar soluciones viables, propone por boca de Jordi Sevilla un impuesto especial sobre los beneficios de la especulación inmobiliaria obtenidos por las compañías de este sector que se hayan lucrado con la “retención” del suelo, así como la supresión de la deducción fiscal a los arrendadores de viviendas para otorgársela a los inquilinos.
Aparte de la dificultad de distinguir los beneficios que provienen de la retención del suelo de los que se deriven meramente de la actividad comercial de las inmobiliarias, la propuesta de Jordi Sevilla, en lugar de incrementar la oferta de viviendas, no haría sino reducirla y encarecerla, pues supondría un nuevo coste para las inmobiliarias, que estas procurarían trasladar al comprador. Además, habría que tener en cuenta también el efecto negativo que esto tendría sobre el sector de la construcción, uno de los principales puntales de la economía española, precisamente en una coyuntura como la actual, de débil crecimiento económico.
Y en cuanto a la supresión del incentivo fiscal a los arrendadores que Sevilla propone para transferírselo a los inquilinos, cuando se aplicó en el pasado, no sólo no sirvió para incrementar la oferta de viviendas en alquiler, sino que provocó su encarecimiento, algo lógico, por otra parte, puesto que si al inquilino se le abarata fiscalmente el alquiler podrá pagar alquileres más altos.
Los incentivos y desincentivos fiscales no son la mejor forma de resolver problemas cuya raíz es una legislación defectuosa, pues en última instancia conducen a la planificación económica. Con todo, hay una gran diferencia entre emplear el mecanismo fiscal respetando las leyes del mercado o utilizarlo para combatirlas. En el primer caso, lo peor que puede suceder es que las medidas sean ineficaces. En el segundo, con toda seguridad, serán dañinas y contraproducentes.
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