No es necesario insistir en que los precios de las viviendas son prohibitivos para muchas rentas modestas, que no pueden acceder ni a la propiedad ni al alquiler; y no parece probable que vayan a descender mucho por sí mismos, al menos a corto plazo. Por tal razón, el acceso a la vivienda se ha convertido en un serio problema social que demanda soluciones urgentes.
Si bien es cierto que la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la Ley del Suelo –declarando competencia exclusiva de las comunidades autónomas la regulación acerca del suelo urbanizable– ha privado al Gobierno del mejor instrumento para combatir la carestía de la vivienda, no es menos cierto que aún conserva algunas cartas importantes que jugar. Es preciso insistir una vez más en la necesidad de una profunda reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice al propietario la suficiente tranquilidad y seguridad jurídica para sacar su vivienda al mercado de alquileres. Los parches fiscales (como la desgravación para los propietarios de las rentas de los alquileres o el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que propuso Rato), además de ser injustos y escandalosamente discriminatorios, apenas han contribuido en el pasado a reducir los precios de los alquileres.
Y en cuanto a la adquisición de viviendas, si bien la sentencia del Constitucional ha hecho necesario y deseable un Pacto del Suelo, no es menos cierto que el PP, en las autonomías donde gobierna, no tiene ningún obstáculo para liberalizar el suelo. Los efectos positivos que sin duda ello tendría sobre los precios de los terrenos urbanizables y los de las viviendas, impulsarían al resto de los gobiernos autonómicos a tomar medidas similares. Aunque es cierto que los propietarios que hubieran comprado a precios altos con fines especulativos sufrirían pérdidas, la inmensa mayoría de los ciudadanos saldría beneficiada.
Sin embargo, el Gobierno parece inclinarse más por políticas intervencionistas que por la liberalización allá donde pueda llevarse a cabo, y estudia abaratar artificialmente el precio de la vivienda. Concretamente, el Ejecutivo pretende establecer un “valor hipotecario” que excluya los “elementos especulativos” y la influencia del ciclo económico, que sería la referencia obligatoria para las tasaciones de los préstamos hipotecarios. El objetivo es que los bancos concedan menos créditos para la compra de viviendas para, de este modo, desinflar la “burbuja inmobiliaria”.
Como es obvio, los “elementos especulativos” o la “influencia del ciclo” son imposibles de cuantificar si no es de forma puramente arbitraria y a espaldas del mercado. Y la ciencia económica, así como la experiencia, enseñan que el intervencionismo siempre viene acompañado de efectos perversos mucho menos deseables que el mal que se pretendía evitar. Si bien es cierto que el racionamiento del crédito hipotecario que proyecta el Gobierno conseguiría reducir la demanda y, por tanto, los precios, no es menos cierto que el sector de la demanda más perjudicado sería precisamente aquel que necesita una vivienda para habitar en ella; y el más beneficiado aquel para el que la vivienda no es más que una inversión y que menos necesita la financiación bancaria.
Aunque los precios están realmente exorbitados, la mayoría de las familias, haciendo grandes sacrificios y asumiendo grandes deudas, aún puede acceder a una vivienda en propiedad gracias a los bajos tipos de interés que hemos disfrutado desde la entrada en el euro; algo que ya no podrían hacer si se les restringe el crédito tal y como planea el grupo de expertos de los Ministerios de Economía, Hacienda y Fomento. Además, muchas pequeñas empresas familiares que dependen del aval o el crédito hipotecario para financiar sus operaciones recibirían también un rudo golpe; sin contar el tremendo efecto depresivo que tales medidas causarían en el sector de la construcción, así como en el patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones y de las compañías de seguros.
Es, pues, difícil concebir una medida más intervencionista y menos eficaz para facilitar el acceso a la vivienda que el racionamiento más o menos arbitrario del crédito. Para eso, y mientras no exista voluntad de liberalizar el suelo allá donde se pueda, es mejor dejar las cosas como están.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro