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EDITORIAL

Prisa, declarada de “interés general”

Nadie podía imaginar en 1996 que, poco más de seis años después, el Gobierno del PP se rindiera con armas y bagajes al grupo Prisa, el poder fáctico más importante de España y el mismo que había obstaculizado por todos los medios posibles (incluidos la difamación, la intoxicación, la falsificación de la Historia, el insulto y la demolición de sus competidores radiofónicos) la llegada de Aznar a La Moncloa. Parecía que el PP, que había probado en sus propias carnes lo que significa la escasez de medios de comunicación independientes, haría todo lo posible durante su mandato por poner las bases de un auténtico pluralismo en los medios de comunicación. Al menos, eso es lo que prometió en sus campañas electorales.

Pero una vez en el poder, en lugar de privatizar –como anunció– las televisiones autonómicas y al menos una de las dos cadenas de TVE y de liberalizar el espacio radioeléctrico, Aznar sucumbió a la tentación de crear un multimedia a su servicio, rival del de Polanco, que cumpliera las mismas funciones que Prisa con el PSOE. El duopolio mediático controlado por los dos principales partidos políticos iba a ser el proyecto de “pluralismo” del PP. Sin embargo, Aznar y su equipo de asesores pasaron por alto una verdad fundamental: que el grupo Prisa no es un multimedia al servicio del PSOE, sino más bien al contrario. Es el PSOE quien está al servicio de Polanco, un ideólogo y propagandista de los valores de la izquierda metido a empresario. Pero quienes Aznar reclutó para constituir el multimedia del centrorreformismo eran empresarios a secas, no ideólogos.

Por ello, la experiencia, la pericia y la constancia de Jesús de Polanco –a quien no le importó perder grandes cantidades de dinero en una guerra de precios con Vía Digital con tal de seguir en la brecha–, así como sus malas artes –recuérdese la cacería contra el juez Gómez de Liaño cuando intentó investigar las irregularidades contables de Sogecable– han ganado la partida. Vía Digital ya nació herida de muerte a raíz del “Pacto de Nochebuena”, allá por 1996 –cuando Aznar, Cascos y Villalonga juraron odio eterno a Polanco por la “traición de Asensio”. Ese odio eterno sólo duró seis años, hasta el pasado septiembre, cuando Rajoy asistió a la inauguración de la nueva sede de Sogecable en Tres Cantos para dar el parabién al magnate cántabro y, de paso, firmar la rendición incondicional, que tomaría cuerpo dos meses después con la aprobación del monopolio perfecto.

Y a la derrota, se añade la humillación: a Aznar no le queda más remedio que defender el monopolio perfecto, una vez tomada la decisión de entregárselo a Polanco: “El Gobierno tiene tres objetivos fundamentales en relación con los medios de comunicación: que haya la mayor pluralidad posible, que exista una amplia competencia y que de esas dos cuestiones se beneficien los ciudadanos (...) Nuestra responsabilidad es el interés general y no defendemos el interés sectorial de ninguna empresa ni ninguna ambición de nadie”.

Huelga decir que si el Gobierno de verdad hubiera velado por el pluralismo y los intereses generales en este asunto, habría prohibido la fusión –era lo que recomendaba el comisario europeo Mario Monti y el voto discrepante del TDC– o, al menos, habría impuesto unas condiciones más restrictivas, como podría haber sido la limitación de los derechos del fútbol y del cine exclusivamente a la emisión por satélite, dejando la emisión en abierto o por cable para los competidores potenciales de la nueva Sogecable. Pero si el Gobierno quiere demostrar que no defiende “el interés sectorial de ninguna empresa ni ninguna ambición” que no sea la de Jesús de Polanco, aún le queda una magnífica oportunidad: ejecutar inmediatamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el antenicidio, cuyo principal fundamento es precisamente la defensa del pluralismo en los medios de comunicación. Aunque es probable que el interés de Polanco –que el Gobierno identifica con el interés general– no lo aconseje.

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