Después del milagro económico de los años sesenta, cuando España ingresó en el primer mundo, nuestra economía no había conocido una época de progreso tan intenso como el experimentado en los últimos siete años. La disciplina financiera y el control del gasto público exigidos por el Pacto de Estabilidad para la entrada en el euro permitieron a España cumplir dos condiciones imprescindibles para un despegue económico: la estabilidad cambiaria y el acceso al crédito en condiciones asequibles, factores de los que no había disfrutado la economía española desde principios de los 70. Los beneficios del mercado único europeo, la política de liberalizaciones iniciada en el último gobierno del PSOE y desarrollada después por los gobiernos del PP, así como las rebajas de impuestos, elevaron el techo del crecimiento económico, haciendo posible el equilibrio presupuestario gracias al incremento de la recaudación derivado del incremento de la actividad y de la menor presión fiscal.
Los resultados son palpables: la convergencia real con Europa ha dejado de ser un objetivo inalcanzable, se han creado casi cuatro millones de empleos nuevos, hay más de 16 millones de afiliados a la Seguridad Social –en 1993 apenas superaban los 12,5 millones– y, según los datos del INE, la renta disponible de las familias antes de impuestos creció casi un 30 por ciento en el periodo 1995-2000. Incluso en medio de una recesión mundial, la economía española aún sigue creciendo al 2 por ciento y creando empleo con tasas de inflación relativamente bajas.
Según el Instituto de Estudios Económicos en su último informe de coyuntura, la recuperación, que vendrá de la mano de EEUU –siempre y cuando la situación en Oriente Medio no afecte al precio del petróleo y Brasil y Argentina no suspendan pagos–, llegará a España en el segundo semestre de 2003, una vez que se han amortizado los excesos de la burbuja de las tecnológicas, que ya han sido convenientemente provisionadas las inversiones en Iberoamérica y que la confianza de los inversores empieza a recuperarse de los escándalos de los fraudes contables.
Para aprovechar la recuperación mundial y poder seguir creciendo y reduciendo la distancia que nos separa del grupo de cabeza europeo sin despertar las tensiones inflacionistas y sin perder competitividad, es imprescindible perseverar en el equilibrio presupuestario, en las reformas y en las liberalizaciones –la del mercado de trabajo, la del suelo y la de la energía y la son, sin duda, las más urgentes– y en la moderación de los salarios, que deben respetar el ritmo de crecimiento de la productividad.
Es precisamente en este último aspecto, en la productividad, donde la economía española muestra su mayor debilidad. Como bien señala el IEE, España perderá pronto la capacidad de competir en precios y salarios con el resto de las economías europeas, como ha venido haciendo hasta ahora. La ampliación de la UE a los países de Europa Central y Oriental exigirá a la economía española competir en calidad y diferenciación del producto, como hacen las economías más desarrolladas; y para ello será necesario potenciar la inversión en I+D+i, es decir, en innovación y desarrollo tecnológico. El ejemplo de Finlandia, que en pocos años ha pasado de exportar materias primas a vender tecnología punta en telefonía móvil, es un ejemplo elocuente.
En lo que toca a la inflación –que a finales de año se situará en torno al 4 por ciento, en parte por factores coyunturales como el efecto del redondeo, el precio del petróleo, la subida de algunos impuestos especiales (tabaco y alcohol) y el efecto adverso de la climatología en lo que se refiere a la producción alimentaria–, es tradicionalmente el sector servicios el que más ha contribuido a mantener la tasa subyacente muy por encima del 3,5 por ciento. El precio del los productos industriales o el de los alimentos en origen no ha crecido tan deprisa como el que paga el consumidor final, por lo que sería necesario –como ya anunció el Gobierno– tomar las medidas oportunas –entre las que se encuentra, sin duda, la liberalización de los horarios comerciales– para intensificar la competencia en este sector.
Se trata, pues, de no dormirse en los laureles y perseverar en la virtud económica –evitando los ejemplos de Japón y Alemania– para poder afrontar con flexibilidad los desafíos que se le plantean a medio plazo a la economía española.
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