El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Chaves. Y los argumentos son sólidos: su decreto de 1998 de subida de las pensiones no contributivas por encima de lo estipulado por el Gobierno (otro 1,8 por ciento) se encuadra dentro del capítulo de “asistencia social”, competencia exclusiva de las comunidades autónomas y financiada con cargo a sus presupuestos, por lo que el Gobierno no puede oponerse a ella, aun a pesar de que Chaves la presentara con intención demagógica en pleno periodo electoral como una “subida de las pensiones no contributivas”. Técnicamente, como el Constitucional ha señalado, se trata de una ayuda directa, excepcional y sin pretensión de continuidad, de la Junta de Andalucía, por lo que cae fuera del marco de las prestaciones de la Seguridad Social, competencia del Estado.
Sin embargo, cabe preguntarse cómo la comunidad autónoma más endeudada de España (en 2000 la deuda acumulada superaba los 6.680 millones de euros, cerca del 50% de los ingresos corrientes, y en 2003 el déficit previsto rebasará los 638 millones de euros) podrá hacer frente a esta clase de dispendios en el futuro. El nuevo modelo de financiación autonómica –el único viable a largo plazo, por cierto, si no se quiere repetir la experiencia argentina–, en consonancia con la Ley de Déficit Cero, prescribe también el equilibrio de las cuentas autonómicas a largo plazo, es decir, la corresponsabilidad fiscal. El recurso sistemático al endeudamiento tiene el límite de la carga financiera (supone ya un 7,43% del presupuesto andaluz aun con los tipos de interés históricamente más bajos) que se volverá terriblemente onerosa cuando suba el precio del crédito. Y cuando la Junta de Andalucía no pueda atender a sus gastos corrientes –ya atraviesa problemas para pagar a sus proveedores en el área sanitaria, y pronto dejará de recibir fondos de cohesión de la Unión Europea– el Estado no acudirá en su socorro para asumir sus deudas, que tendrán que ser financiadas con incrementos impositivos en una comunidad a la cola de España en renta per cápita y a la cabeza en cifras de paro.
Esto parece preocuparle poco a Chaves, cuyo horizonte temporal no va más allá de las próximas elecciones. Es por eso porque, nada más conocer la sentencia, el presidente andaluz ya ha anunciado otra “subida de pensiones´” con carácter “excepcional” para el próximo año, en claro fraude de ley respecto del contenido de la sentencia y en clara deslealtad respecto de las previsiones del Pacto de Toledo. Aunque esto último, por cierto, no es de extrañar, habida cuenta de sus flirteos con el federalismo asimétrico y con los nacionalistas, de quienes, a buen seguro, adoptará las técnicas victimistas en un intento de allegar fondos y subvenciones estatales extra para cubrir el coste financiero de su política demagógica. Bastará con echarle la culpa de sus fracasos al Gobierno central.
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