La deslealtad de Chaves y del PSOE hacia el Pacto de Toledo –cuya principal previsión era no hacer demagogia a cuenta de las pensiones–, que fue refrendada hace unos días por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las ayudas complementarias a las pensiones no contributivas decretadas por la Junta de Andalucía, ha abierto la puerta a una carrera donde los Ejecutivos regionales van a competir –a cuenta del erario público– por evitar el “estigma” de la falta de “sensibilidad social”.
El Ejecutivo de Chaves ya ha aprobado una segunda edición consecutiva, con carácter “excepcional”, de las ayudas a las pensiones no contributivas –unas 109.000 perceptores recibirán 73,78 euros con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y el Ejecutivo riojano no quiere ser menos. Pese a haber manifestado que no está de acuerdo con la sentencia del Constitucional, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz –del PP–, anunció el lunes que concederá una ayuda similar a los preceptores riojanos de pensiones no contributivas porque “a los riojanos les quiero más que a nadie, y si existe esta posibilidad de mejora, el Gobierno de La Rioja, en este sentido, no se va a quedar atrás”, a lo que añadió que “mientras que no se ordene lo contrario, vamos a hacer uso de esa capacidad, desde lo que ha sido siempre la sensibilidad de la acción del Gobierno en esta materia”.
La inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las mal llamadas “pensiones no contributivas” –en realidad son mera asistencia social hacia los jubilados que no contribuyeron a la Seguridad Social en su edad laboral, o que no lo hicieron suficientemente– ha hecho posible la sutil diferencia que el Constitucional ha marcado entre pensiones (competencia del Estado) y asistencia social (competencia de las comunidades autónomas).
Y con declaraciones como las de Pedro Sanz, no es difícil prever que esta nueva puerta abierta a la demagogia y a la irresponsabilidad fiscal no se cerrará hasta que las pensiones no contributivas –merced a las ayudas de las comunidades autónomas– alcancen el nivel medio de las de viudedad o el de la pensión mínima contributiva. Esto, además de constituir un agravio comparativo para quienes cotizaron a la Seguridad Social y de desincentivar, pues, la afiliación, añadirá nuevas dificultades para lograr el equilibrio presupuestario. Además, los recursos que se dediquen a la mejora de las pensiones no contributivas, habrán de ser detraídos de proyectos de inversión pública –como las infraestructuras regionales– de los que depende el crecimiento económico y el empleo, o bien de otros servicios públicos como la Sanidad o la Educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Mientras que la Administración del Estado y las corporaciones locales se esfuerzan por equilibrar sus cuentas, las administraciones autonómicas incurrirán este año en un abultado déficit –3.400 millones de euros– aun en tiempos de relativa bonanza, de crecimiento de los ingresos fiscales y de reducción del desempleo. Un déficit que será mucho mayor el siguiente año si todos los presidentes autonómicos deciden tirar de la manta de las pensiones para conservar su cuota electoral o, como dice el presidente riojano, para mostrar su profundo amor a sus administrados.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro