Mientras el resto del mundo, y especialmente nuestros socios europeos, apenas han conseguido mantener la cabeza fuera del agua, España ha sido uno de los pocos países de la OCDE que han mantenido el rumbo del crecimiento económico durante 2002. Si bien los resultados se sitúan por debajo de las previsiones más pesimistas a principios de año (un incremento del PIB de apenas el 2%), no es menos cierto que la economía española, coincidiendo con el trieno bursátil más desastroso de la historia (casi un 50% de pérdidas en el IBEX sólo desde 2000) –en el que se han dado cita la crisis de las economías asiáticas, la explosión de la burbuja de las tecnológicas, el 11-S y los escándalos por fraudes contables–, ha conseguido algo inédito desde la crisis de los años setenta: crecer más que las de su entorno en época de recesión, creando empleo y avanzando hacia la convergencia con Europa; todo ello Este éxito se basa, fundamentalmente, en tres factores.
El primero, la entrada en el euro y los ajustes previos que hubo que realizar en materia de gasto y endeudamiento público, los cuales han permitido a la economía española afrontar la recesión mundial con unas finanzas saneadas, así como aprovechar las ventajas de una moneda mucho más estable y con tipos de interés más bajos que la peseta. Esto se ha traducido en un espectacular incremento de la renta y de la riqueza de los españoles –sólo en el periodo 1995-2000, la renta bruta de las familias ha crecido casi un 30%– y en un dramático descenso del desempleo (en poco más de seis años se han creado casi cuatro millones de empleos nuevos).
Con todo, la relativa prosperidad de nuestra economía en comparación con la de nuestros socios europeos no podría explicarse recurriendo exclusivamente a los beneficios derivados de la moneda única. Por ello, el segundo factor –mérito del Gobierno, especialmente de José María Aznar, de Rodrigo Rato y de Cristóbal Montoro– consiste en haber puesto en práctica una de las enseñanzas aparentemente más paradójicas de la ciencia económica: una reducción de la presión fiscal –sobre todo cuanto ésta alcanza cotas confiscatorias– libera recursos para la economía productiva, lo que redunda en un incremento de la actividad económica y, consiguientemente, en un aumento de la recaudación impositiva –como así ha sucedido desde la reforma del IRPF en 1999– que a su vez permite equilibrar el Presupuesto –objetivo marcado por la Ley de Déficit Cero– y reducir la carga de la deuda. El porcentaje del PIB en manos del Estado en la etapa de gobierno del PP ha descendido desde el 50 por ciento a poco más del 40, lo que significa que hoy disfrutamos de una economía más libre, más flexible y más eficiente.
Afortunadamente, el Gobierno ha demostrado su voluntad de seguir por el camino de la eliminación de trabas fiscales al crecimiento. La supresión del IAE para las pequeñas y medianas empresas reducirá significativamente en muchos casos la carga fiscal que soportan los pequeños negocios, algo que, sin duda, facilitará la creación de empresas en un sector tan necesitado de competencia como es el de los servicios, donde predominan las PYMES. La nueva Ley del IRPF reduce a cinco tramos la escala progresiva, cuyos límites mínimo y máximo pasarán a ser respectivamente el 15 y el 45 por ciento (anteriormente 18 y 48, respectivamente) y reduce el límite de la tributación conjunta de renta y patrimonio del 70 al 60 por ciento, a lo que se añade la supresión del régimen de transparencia fiscal –a causa de su complejidad y trato discriminatorio– y su sustitución por la figura de la sociedad patrimonial, cuyos rendimientos tributarán al 40% sin integrarse en la declaración de renta de los socios.
En el tercer factor –la política de liberalizaciones, privatizaciones y defensa de la competencia– es donde el Gobierno ha mostrado mayores carencias, especialmente en el año que ha finalizado. Por ejemplo, seguimos pagando una de las energías eléctricas más caras de Europa, con lo que ello supone de cara a la competitividad de nuestra industria; la telefonía fija sigue esperando la liberalización del bucle local; y aun a pesar de que el sector de los hidrocarburos ya fue liberalizado, apenas hay diferencia en los precios de los carburantes de una estación de servicio a otra. El repunte de la inflación (en torno al 4 por ciento) tiene bastante que ver con todo esto y con la regulación del comercio minorista, el sector menos competitivo de la economía española a causa, principalmente, de las regulaciones en materia de horarios e instalación de grandes superficies, y que más ha contribuido a la subida de precios con la excusa del robondeo.
Los capítulos donde más claramente ha fallado el Gobierno –quizá, a largo plazo, los más importantes– han sido la reforma del mercado laboral, la vivienda y la política de medios de comunicación. El giro centro-populista del Gobierno, amedrentado por los resultados de las encuestas de intención de voto y sacudido por la “guerra de sucesión”, ha impedido llevar a término una reforma del mercado laboral que, aunque tímida, habría sentado las bases del crecimiento futuro del empleo. En cuanto a la vivienda (cuyo precio se ha incrementado un 17 por ciento sólo en el último trimestre), si bien el principal responsable del fracaso de la liberalización del suelo –cuya repercusión en el precio final de la vivienda se acerca al 50 por ciento de media– sea el Tribunal Constitucional, que adjudicó en exclusiva las competencias de ordenación urbanística a comunidades y ayuntamientos, es indudable que el PP podría haber llevado a cabo la liberalización del suelo al menos en las comunidades y ayuntamientos bajo su control, sin necesidad de esperar a un gran pacto autonómico que permita poner en práctica las previsiones de la Ley del Suelo.
Pero donde más se ha notado quizá la pérdida de fuelle liberal del Gobierno ha sido en la política de medios de comunicación. El pasado año ha sido testigo del ignominioso desenlace de la guerra digital, emprendida por Aznar con las armas equivocadas, en un intento de crear un multimedia rival del de Polanco en lugar de liberalizar el espacio radioeléctrico y cumplir su promesa de privatizar RTVE y las cadenas autonómicas. Huelga decir que, con la “rendición de Tres Cantos” y la negativa a cumplir la sentencia del Supremo sobre el antenicidio, Aznar deja el panorama mediático mucho peor de lo que lo encontró. Ya no quedan apenas medios de comunicación audiovisuales que defiendan los valores políticos que Aznar consagró en el ya lejano Congreso de Sevilla, o siquiera que apoyen sin titubeos una política económica de orientación liberal o una postura firme en la cuestión nacional. Y por ello, en el futuro próximo, el PP tendrá cada vez más dificultades para vender la ortodoxia en materia económica y para defender la unidad de España frente a los experimentos nacionalistas y el “pensamiento débil” –en palabras de Redondo Terreros– de los socialistas.
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