La previsión de los analistas para 2002 era que el boom inmobiliario perdería impulso –incluso que los precios bajarían– a raíz de la entrada en vigor del euro físico. Se decía entonces que la principal causa del incremento del precio de la vivienda era el lavado de dinero negro en pesetas, para el que la propiedad inmobiliaria era el vehículo ideal; por lo que, una vez pasado el 1 de enero de 2002, la demanda disminuiría y saldrían a la venta muchas de esas viviendas supuestamente adquiridas de forma instrumental para realizar conversiones masivas de pesetas negras a euros blanqueados. El diagnóstico, según estas previsiones, no podía ser otro que una bajada de precios o, en el peor de los casos, que éstos se mantuvieran estables.
La realidad, sin embargo, ha desmentido brutalmente tan halagüeñas perspectivas. El precio medio de la vivienda en España ha subido casi un 15 por ciento en 2002, hasta situarse en 1.200 euros por metro cuadrado; aunque en ciudades como Barcelona, San Sebastián y Madrid, esta cifra se sitúa ya en torno a los 2.500 euros. Es decir, el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados en estas ciudades alcanza los 225.000 euros (37,4 millones de pesetas aproximadamente). Esto supone que, con una hipoteca a 25 años financiada al 4%, una familia media en Madrid o Barcelona tendría que pagar 1.200 euros al mes (unas 200.000 pesetas) para adquirir su vivienda si tuviera que financiar la totalidad del precio; algo que en muchos casos compromete la mitad de la renta familiar.
Pero, aun a pesar de los altos precios, la demanda de vivienda en propiedad –motivada en parte por la escasez y carestía de las viviendas en alquiler, que surge de una deficiente legislación en la materia– sigue estando profundamente arraigada en España. Y en los últimos años han contribuido a dispararla los bajos tipos de interés, que permiten pagar hipotecas más abultadas; los matrimonios de la generación del baby boom; el fuerte incremento de renta en los últimos años y, sobre todo, la mala situación de la Bolsa (2002 fue el peor ejercicio de la historia del Ibex, que también cerró con pérdidas en 2000 y 2001), para la que la propiedad inmobiliaria ha sido siempre el tradicional refugio.
Con todo, no cabe achacar la escasez relativa de la oferta a la falta de dinamismo de las empresas inmobiliarias y constructoras, pues se están batiendo récords en construcción de vivienda nueva; ni tampoco culpar a las favorables condiciones del crédito –que, en cualquier caso, ya no dependen del Banco de España. Racionar el crédito o penalizar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías con una subida del IBI, además de ser injusto, arbitrario y poco factible –¿se creará un “cuerpo de inspectores de viviendas”?– tampoco hará que se incremente la oferta de viviendas, en propiedad o en alquiler. Luego, para frenar la escalada de precios, lo único que puede hacer el Gobierno –además de esperar pacientemente a que se recupere la Bolsa– es insistir en la liberalización del suelo –al menos en las comunidades y ayuntamientos controlados por el PP– y en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, especialmente en lo tocante a la agilización de los trámites de desalojo.
Es decir, lo único que puede hacer el Gobierno es eliminar trabas al incremento de la oferta. La alquimia fiscal y las soluciones intervencionistas no conseguirán que ésta aumente o que la demanda disminuya. Más bien, como la experiencia ha demostrado en repetidas ocasiones, sólo añadirán tribulaciones a quienes necesitan una vivienda o a los que huyen de las pérdidas bursátiles.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro