Envalentonados por la todavía inexplicada –e inexplicable– claudicación del Gobierno después de la fracasada huelga general, Méndez y Fidalgo quieren aprovechar al máximo el ataque de centrismo pusilánime que sufrió el Gobierno el pasado verano. De la reforma de las prestaciones por desempleo, aprobada en vía urgente por decreto-ley, tan sólo quedaba en pie la supresión del PER para futuros solicitantes –no para los que ya lo estaban percibiendo. Pero, como ya advirtieron los sindicatos justo después de que Zaplana anunciara la “flexibilización” de la reforma del desempleo –que fue saludada por Rato con un “rectificar es de sabios”, en plena conversión centrista con la vista puesta en sus posibilidades sucesorias–, no descansarían hasta que la última coma de la reforma del desempleo quedara suprimida.
Y conscientes de la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas –que se celebrarán a finales de mayo–, los “agentes sociales” no están dispuestos a conceder al Gobierno siquiera el beneficio de una salida honrosa. A la oferta de Zaplana de condicionar la percepción del subsidio agrario a la participación activa de los solicitantes en la búsqueda de empleo y en el reciclaje profesional –ni siquiera perderían la prestación aunque aceptasen un empleo distinto al de jornalero–, Méndez y Fidalgo han respondido con una convocatoria de huelga general en el sector agrario andaluz y extremeño –las comunidades del PER– para el próximo 20 de febrero, alegando el incondicional “derecho al subsidio” que, según ellos, asiste a los trabajadores del campo.
El caramelo envenenado del subsidio agrario ha sido uno de los principales frenos al crecimiento económico de Andalucía y Extremadura, que tienen el dudoso honor de liderar las estadísticas de desempleo en España al tiempo que en sus territorios escasea la mano de obra para determinados sectores como el de la construcción, el de la hostelería o el de la agricultura intensiva de Huelva y Almería.
Nada tiene esto de extraño, pues no es en absoluto infrecuente compatibilizar la percepción del PER con el trabajo esporádico en la economía sumergida. Y los sindicatos lo saben perfectamente, pero prefieren disponer de apoyos incondicionales para hacer política al margen de las urnas extorsionando al gobierno de turno con huelgas y “movilizaciones” antes que apostar sinceramente por el reciclaje de los más de 200.000 perceptores del PER –muchos de los cuales apenas han trabajado realmente en el campo– y por otro horizonte profesional más halagüeño para los jóvenes andaluces y extremeños que no sea esa moderna sujeción a la tierra, esa nueva “servidumbre de la gleba” financiada con dinero público en la que los sindicatos –y el PSOE– quieren ser los señores feudales.
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