Tras navegar durante algunos meses a la deriva por las procelosas aguas del intervencionismo –se llegó a proponer el racionamiento del crédito y una tasación administrativa de los valores hipotecarios que excluyera los “elementos especulativos” o la “influencia del ciclo”– y flirtear con el castigo fiscal a los propietarios de viviendas vacías a través del incremento del IBI, parece que el Gobierno por fin ha decidido en esta materia –como en otras, dado que nos hallamos ya en plena campaña electoral– enderezar el rumbo hacia derroteros más sensatos y menos incompatibles con la libertad económica y las leyes del mercado.
En relación con la problemática de la vivienda, y teniendo en cuenta que la liberalización del suelo sólo podrá realizarse a nivel autonómico a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional, desde estas páginas hemos venido defendiendo la conveniencia de que el PP liberalizase el suelo en las autonomías y corporaciones locales donde gobierne –habida cuenta de la oposición frontal del PSOE, partidario de medidas intervencionistas, a esta medida–, así como la necesidad de una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos –o al menos de reformas pertinentes en la legislación actual– que permita a los propietarios de viviendas vacías ponerlas en alquiler con la seguridad jurídica y las garantías de las que hoy, por desgracia, carecen; como, por ejemplo, la pronta resolución de las demandas de desahucio. Aunque no cabe esperar –al menos en el corto plazo– que estas medidas sean una solución mágica a la carestía de la vivienda, sí son las únicas de las que pueden esperarse resultados positivos en el futuro próximo; habida cuenta de que los otros grandes factores de los que depende el precio de la vivienda –la rentabilidad de otras inversiones alternativas como la Bolsa, los tipos de interés y especialmente el fuerte arraigo en España de la vivienda en propiedad– no dependen de la acción del Gobierno.
En este sentido, Francisco Álvarez Cascos ha anunciado que, de no producirse un acuerdo nacional de todas las administraciones el próximo miércoles para, en sus palabras, conseguir “un mercado de suelo más liberalizado, menos especulativo, mas abierto y más transparente”, el PP impulsará reformas liberalizadoras del suelo en las autonomías donde gobierna. Concretamente, la agilización de los procesos de planeamiento y ejecución urbanística, que redundará en un descenso del precio del suelo y, por lo tanto, del de las viviendas.
Aunque sería deseable que el PSOE se aviniera a un pacto tan sensato como necesario, no parece probable que éste vaya a tener lugar, puesto que el portavoz socialista Jesús Caldera ha afirmado que “la política liberalizadora del suelo ha fracasado”, y que ésta es responsable de una “subida especulativa” del precio del suelo; por lo que cree necesario reforzar “la acción pública para evitar los oligopolios con el fomento de la concurrencia” y penalizar la retención del suelo.
Resulta difícil comprender cómo ha podido fracasar la liberalización del suelo cuando ésta aún no se ha producido –a no ser que Caldera entienda por “liberalización” el que los propietarios de suelo urbanizable tengan derecho a disponer de él libremente– e igualmente difícil de entender es cómo podrá fomentarse la concurrencia para abaratar los precios si se penaliza la posesión de suelo urbanizable. Las “subidas especulativas” son el resultado de la escasez –en este caso, artificial– y, por tanto, una clara señal de la necesidad de incrementar la oferta de suelo. Obligar a sus propietarios a desprenderse de él precipitadamente sin reformar las leyes que regulan su “producción” agravaría aún más la escasez y, con seguridad, impediría la asignación de suelo urbano a los usos más productivos, incluido el residencial. Pero dado que los socialistas han amenazado con aplicar sus propuestas en las autonomías y ayuntamientos donde gobiernen, parece que la única forma de avanzar en la liberalización del suelo será aplicarla en las comunidades y ayuntamientos donde gobierne el PP. Y habrá ocasión de comprobar empíricamente, una vez más, las enseñanzas de la teoría económica en lo relativo los efectos de las políticas intervencionistas sobre los precios.
Por todo ello, es preciso felicitar al Gobierno por su decisión –esperemos que no sea una mera promesa vacía– de impulsar las reformas liberalizadoras allá donde el PP gobierne, aun a despecho de la oposición de los socialistas. No obstante, hay que señalar que la promoción pública en régimen de alquiler –uno de los capítulos destinados a hacer más digestible a los socialistas un pacto ya a todas luces imposible– no debería ser precisamente uno de los ejes de las propuestas del PP para facilitar el acceso a la vivienda. La experiencia de los países que han practicado políticas de vivienda pública en alquiler (como el Reino Unido) no las hacen aconsejables. Mucho más eficaz a tal efecto sería –insistiremos una vez más– la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Aunque ello quizá suponga una dosis de liberalismo demasiado fuerte para quienes aún están lejos de curarse de esa enfermedad político-degenerativa llamada centrismo.
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