Apurando el plazo, y tras un arduo proceso negociador, Polanco y Alierta decidieron el miércoles acometer la fusión de las plataformas digitales sobre la base de un acuerdo distinto al que firmaron el pasado 8 de mayo. Polanco ha conseguido apretar las tuercas a un Alierta que, cansado de perder dinero en una guerra y en un negocio que no son los suyos y que heredó de Villalonga –el compañero de pupitre de Aznar que se prestó desde la entonces todavía semipública Telefónica a dar vida al un clon mediático rival del de Polanco y al servicio del Gobierno–, ha optado –sensatamente y en interés de los accionistas de Telefónica– por salvar los muebles y quitarse de en medio. Naturalmente, con el visto bueno del Gobierno que de este modo, fracasada su nefasta y antiliberal política de medios de comunicación, “compra” la paz de Prisa; y especialmente de Rato y Rajoy, interesados en que Polanco no trunque sus aspiraciones sucesorias, así como de Piqué, que desea un tratamiento favorable –o al menos neutral– de Prisa para su candidatura a la Generalitat.
Telefónica renunciará a los derechos políticos en la Nueva Sogecable en la medida en que excedan del 16,38 por ciento del capital de la sociedad fusionada, que tendrá como accionista de referencia, además de Telefónica y Prisa, a Groupe Canal Plus; todos con el mismo porcentaje de derechos políticos. Asimismo, el grupo que preside César Alierta se compromete a permanecer –no vender– al menos durante 3 años en el accionariado de la sociedad resultante y a pagar gran parte de los platos rotos de la guerra digital, concretamente en el capítulo de la deuda. De los 600 millones de euros que le estaba permitido aportar como monto máximo de su deuda en el acuerdo del 8 de mayo, Vía Digital sólo podrá endosar a la Nueva Sogecable 425 millones. En cambio, Sogecable, que iba a transferir a la sociedad resultante 500 millones de euros como máximo, ahora podrá llegar hasta los 705. Es decir, Alierta tendrá que hacer hueco en el balance de Telefónica para entregarle indirectamente a Polanco casi 200 millones de euros. Además, el Grupo Telefónica tendrá que endeudarse en otros 50 millones de euros –al igual los otros dos socios de referencia– y suscribir un préstamo por otros 175 (en el que se subrogarían el resto de los accionistas de la Nueva Sogecable) para completar los 325 millones de euros que servirán de apoyo financiero al proceso de fusión.
En definitiva una gigantesca rueda de molino que, aparentemente, tendría que tragarse el Grupo Telefónica; el cual, además, es el principal perjudicado por las condiciones impuestas por el Gobierno a la fusión, cuyo principal atractivo para la operadora eran las sinergias derivadas de la comercialización conjunta de la plataforma de televisión con el acceso de banda ancha a Internet y el retorno de los servicios interactivos de la plataforma. Sería difícil entender por qué César Alierta se ha avenido a aceptar un acuerdo tan desfavorable si no fuera porque también ha acordado con Polanco recurrir ante el Supremo precisamente las condiciones del Gobierno que impiden a Telefónica sacar provecho de la fusión, así como también la fijación de precios impuesta por el Ejecutivo. Es decir, pretenden recurrir las únicas condiciones que maquillan levemente el futuro monopolio perfecto.
Y habida cuenta de que Polanco se las ha arreglado muy bien para pasar por encima de leyes –Felipe González le concedió la licencia de Canal Plus en clara contradicción con la ley de televisiones privadas que el propio PSOE había aprobado, y el gobierno del PP ha hecho la vista gorda con la ilegal Localia TV– y tribunales –no hay que olvidar el caso de Gómez de Liaño y la sentencia del Supremo sobre el antenicidio, que duerme el sueño de los justos en algún cajón del despacho de Rato mientras aguarda una ejecución que nunca llega–, no es extraño que César Alierta haya aceptado pasar por las horcas caudinas con la esperanza –no puede, por desgracia, decirse que infundada– de que don Jesús se salga, una vez más, con la suya.
Indicios de que esto puede ser así son las declaraciones de Piqué, quien celebró que la fusión se llevé finalmente a cabo, subrayando el derecho que les asiste a Polanco y a Alierta a recurrir las condiciones impuestas por el Ejecutivo. Algo que, por cierto, podían –y en buena lógica debían– haber hecho antes de seguir adelante con la fusión si no fuera por que la política de hechos consumados que ha practicado Polanco en sus lances con el poder le ha dado siempre excelentes resultados. A ello hay que unir el sospechoso retraso de dos semanas que también Piqué ha impuesto al anuncio –también el miércoles– del Plan para sustituir las líneas TRAC (telefonía rural), en el que Iberbanda será una de las empresas adjudicatarias y de la que Prisa es accionista. Aun más sospechoso si se tiene en cuenta que en el mismo día Prisa se apresuraba a anunciar a la CNMV el incremento de su participación en Iberbanda igualando la de El Corte Inglés, el oro accionista principal.
No suele hablar Polanco por boca de ganso, y hasta ahora no ha perdido ninguno de los pulsos que ha mantenido con el poder. Por ello, no sería extraño que consiguiera transformar el “monopolio perfecto” que el Gobierno le ha regalado de motu propio en un “monopolio sublime”, ejemplo futuro para los manuales de Economía.
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