Entre los economistas latinoamericanos prevalece el consenso de que los subsidios agrícolas otorgados por los gobiernos de los países ricos, que abaratan los alimentos que consumen los pobres, son malos para nuestros países. Dos declaraciones recientes lo confirman. En diciembre Jorge Guardia, ex presidente del Banco Central de Costa Rica, elevó la siguiente plegaria: “Pero, por todo y sobre todo, porque los países ricos suspendan los subsidios a las exportaciones agrícolas y, así, puedan los campesinos –mis amigos–, competir y ver las maduras en esa dura querella”. Unos días antes, el ex presidente de la República Oscar Arias había escrito: “Hasta ahora, la gran mayoría de quienes ejercen el poder en el mundo subestiman o marginan los valores que dicen profesar y no son consecuentes con los preceptos que tratan de imponer a otros. Los líderes de las naciones industrializadas afirman estar a favor del libre comercio, pero aprueban aranceles y subsidios para proteger sus propias industrias mientras presionan a los países en desarrollo para que abran sus mercados. Aparentemente, el libre comercio preconizado por los estados poderosos, que dominan las conversaciones en la Organización Mundial del Comercio, emplea una peculiar definición del término ‘libre’: libre para nosotros, los ricos; restringido para ustedes, los pobres”.
Para detectar el craso error de esos distinguidos economistas, debemos analizar los efectos de cada una de las medidas que interfieren el libre intercambio de bienes y servicios entre individuos en diferentes países. Debemos tener claro que los efectos de los subsidios de los países ricos a sus productores agrícolas son muy distintos a los de un arancel de importación. No se les puede catalogar como igual, como lo hace el ex presidente Arias:
1. Los subsidios de los países ricos benefician a los consumidores latinoamericanos porque nos permiten consumir más y más barato.
2. Los aranceles en Costa Rica perjudican a los consumidores ticos porque nos obliga a consumir menos y a pagar más; perjudican así a la ciudadanía entera.
3. Los subsidios en Latinoamérica a los exportadores perjudican a los consumidores nacionales porque salen de sus bolsillos y son transferencias de pobres a ricos que perjudican a la nación entera.
4. Los aranceles de los países ricos perjudican a los exportadores nacionales porque los obligan a vender menos y a un precio menor.
En cada uno de los cuatro casos se puede demostrar, con números, el perjuicio o beneficio neto al país: los consumidores ganan o pierden más que los productores, o viceversa. Asimismo, se puede probar que el perjuicio causado por los aranceles a nuestras importaciones es mayor que el causado por los subsidios internos de los países industrializados. Es decir, las restricciones al comercio impuestas por nuestro propio gobierno perjudican más a nuestro pueblo que las restricciones de los gobiernos de los países ricos.
Entonces, ¿por qué estos economistas-políticos se comportan de forma tan indigna? Porque arrastramos, desde la colonia, un terrible sesgo antihumano. La política económica de los gobiernos siempre ha favorecido a los productores, amigos de los gobernantes, y perjudicado a la masa de consumidores. Eso se logra coartando la libertad de individuos a comprar y vender lo que quieran.
Al fustigar a los países ricos, con media razón, el ex presidente Arias comete un error económico y otro ético. El primero: lo que a Costa Rica le conviene es que los países ricos abran sus mercados a todos los productos que exportamos y que en el extranjero sigan subsidiando los productos que importamos. El segundo: repugna el hecho de que el ex presidente fustigue a los gobiernos de los países ricos al hacer exactamente lo que su gobierno hizo y lo que el Estado costarricense sigue practicando religiosamente: libre comercio y subsidio para los ricos; restricción al comercio e impuestos para los pobres, de manera que con los aranceles que pagan los pobres se enriquecen más los ricos.
Rigoberto Stewart es director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas.
© AIPE
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