La principal causa del escaso dinamismo de la economía europea, sobre todo si se compara con la norteamericana, es el pesado lastre del estado del bienestar, que impide aprovechar plenamente las coyunturas favorables y dificulta enormemente los ajustes que exige la superación de una fase recesiva. Es más, puede decirse que el conjunto de subsidios, subvenciones, impuestos, cotizaciones y regulaciones en materia laboral y empresarial que constituye el estado del bienestar –la traducción práctica del programa socialdemócrata europeo después de la II Guerra Mundial, pensada para una economía con amplia base industrial y de innovación tecnológica lenta– no sólo es ya una carga soportable a duras penas, sino que se revela incompatible con una economía moderna, basada en la innovación permanente, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en el crecimiento del sector servicios, que exige un constante reciclaje profesional y una gran capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.
Ni siquiera Alemania, la locomotora de Europa y uno de los países más ricos del mundo, ha podido resistir la carga –agravada extraordinariamente con la reunificación– de uno de los estados del bienestar más omnicomprensivos del mundo. Gerhard Schroeder venció a Helmut Kohl hace cuatro años prometiendo conservar (e incluso ampliar) las prestaciones y regulaciones del estado del bienestar que su antecesor, acuciado por la ya entonces mala situación económica de Alemania, proyectaba recortar como única salida posible de la crisis. De nada sirvieron las presiones del gobierno de Schoeder para rebajar el precio del crédito y devaluar el euro –la moneda única llegó a perder más de un treinta por ciento de su valor respecto del dólar– como bálsamo para aliviar los problemas económicos de Alemania (y de Francia), pues su raíz es eminentemente estructural. Antes al contrario, sólo sirvieron para incrementar el déficit presupuestario y colocar a la antigua vigía de la disciplina fiscal europea en situación de no poder cumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad de euro, condición que los germanos impusieron a sus “indisciplinados” socios europeos.
Gerhard Schroeder, que a punto estuvo de perder las elecciones el pasado año a causa, precisamente, de su pésima gestión en materia económica, tuvo que recurrir para revalidar su mandato a la demagogia antiamericana –comparó a Bush con Hitler– y a la bandera del pacifismo irresponsable; así como a la explotación electoral de las inundaciones que padeció Alemania el pasado verano, anunciando que la catástrofe era motivo más que suficiente para abandonar las exigencias de disciplina presupuestaria del Pacto de Estabilidad, al que no sacrificaría la política social. Pero unos meses después, temeroso de pasar a la Historia como el artífice del modelo de estancamiento japonés en su versión europea –al que se añade una ya elevada tasa de paro– o de ser arrollado por “las fuerzas desenfrenadas del mercado que quieren acabar con todo lo social” Schroeder no ha tenido más remedio que tragarse sus promesas electorales e inaugurar el camino de las reformas estructurales.
El recorte del subsidio de desempleo, que queda establecido en 12 meses para los menores de 55 años y en 18 para los que superen esa edad (hasta ahora, 26 y 32 meses respectivamente), supondrá un ahorro para el estado alemán de unos 3.000 millones de euros (500 mil millones de pesetas); incluso –medida inédita– quienes no acepten un puesto de trabajo serán sancionados. Quedarán excluidas de las prestaciones sanitarias aquellas que no estén directamente relacionadas con una terapia médica, como es el caso del subsidio por maternidad, que habrán de ser sufragadas con cargo a impuestos, con el objeto de reducir las cuotas del seguro obligatorio de enfermedad del 14,3 por ciento al 13 por ciento para, de este modo, reducir los costes laborales e incentivar la creación de empleo. El fomento de los planes de pensiones privados, la posibilidad de la contratación temporal para empresas de menos de seis trabajadores –las leyes laborales alemanas prácticamente impiden el despido– y la relajación de los requisitos burocráticos para fundar y gestionar una pequeña empresa completan el paquete de reformas anunciado por el canciller alemán el pasado viernes.
Aunque muy tímido y tardío –así lo reconocen la Oposición y la Patronal–, se trata de un primer paso en la buena dirección. Sin embargo, la difícil situación económica que atraviesa Alemania exige reformas mucho más profundas que las que ha anunciado Schroeder. Si bien es cierto que los sindicatos alemanes –que ya han calificado las reformas anunciadas de antisociales y contrarias a las promesas electorales de Schroeder– son muy poderosos, la reforma del rígido mercado laboral alemán y de las regulaciones empresariales son perentorias si se quiere crear empleo y eliminar obstáculos a la creación de empresas. De otro modo, las medidas anunciadas corren el riesgo de ser ineficaces, cerrando el paso a reformas más profundas, absolutamente necesarias.
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