En este diario, siempre hemos señalado que el punto más fuerte del gobierno del PP ha sido, junto con su postura firme respecto a la cuestión nacional, la economía. Y, en la mayoría de los casos, las críticas que desde aquí se han lanzado hacia la gestión económica del Gobierno han tenido como denominador común la tibieza o insuficiencia de las reformas aplicadas por el Gabinete de Aznar que, justo es decirlo, ha cumplido la mayoría de sus promesas electorales en esta materia, situando a la economía española a la cabeza de Europa en crecimiento y creación de empleo. Y apoyándose precisamente en la excelente ejecutoria de su gobierno en materia económica, el presidente ha anunciado que en el Consejo de Ministros del próximo viernes se aprobará un nuevo paquete de reformas económicas que afectarán al empleo femenino, al alquiler de viviendas, a las PYMES y a los trabajadores autónomos.
La bonificación íntegra y por un año de la cuota empresarial a la Seguridad Social para todas las trabajadoras que se reincorporen a su puesto dentro de los 24 meses siguientes a la maternidad contribuirá notablemente, sin duda, a remover uno de los mayores obstáculos a la estabilidad de la mujer en el empleo. En cuanto a las PYMES, la “cuenta ahorro-empresa”, que similarmente a la cuenta ahorro-vivienda incorporará deducciones en el IRPF a las cantidades depositadas que se destinen a la constitución de una empresa con al menos un empleado, fomentará la inversión y la fundación de pequeñas empresas, que son las que crean la mayor parte del empleo en España.
Asimismo, la elevación del límite de facturación en el Impuesto de Sociedades (de 5 a 6 millones de euros) para la aplicación del tipo reducido del que disfrutan las PYMES (el 30 por ciento, en lugar del 35 por ciento general) equivale en la práctica a una reducción de impuestos a las medianas empresas, la cual contribuirá a aflojar un tanto el corsé que limita su crecimiento a corto plazo (suponiendo un margen de beneficio del 15 por ciento, aumentar actualmente la facturación en menos de 385.000 euros por encima del límite de los 5 millones implica una pérdida neta).
También los trabajadores autónomos, largo tiempo marginados y discriminados por la legislación social, verán mejorada su situación: a los jóvenes menores de 30 años que opten por este régimen se les aplicará una reducción del 25 por ciento en la base mínima de cotización durante los tres primeros años; y se ampliará la cobertura de incapacidad temporal, cuyas prestaciones empezarán a cobrarse desde el cuarto día, y no desde el decimosexto, como ocurre en la actualidad. A partir de ahora, los trabajadores autónomos tendrán también “derecho” a ponerse enfermos.
Sin embargo, en lo que se refiere a la vivienda, el capítulo más importante de este paquete de reformas por ser probablemente el que a más ciudadanos afecta, el Gobierno ha mostrado una vez más esa cicatería que desde aquí hemos criticado en diversas ocasiones. Es cierto que la anunciada modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los trámites de reclamación de deudas por arrendamientos –habrá que ver si la reforma legal se extiende también a los trámites de desahucio y a las indemnizaciones por daños en la vivienda–, contribuirá a dotar de seguridad jurídica a los propietarios –requisito imprescindible, como hemos señalado muchas veces, para que los casi tres millones de viviendas “vacías” puedan salir al mercado de alquileres. Pero no es menos cierto que los incentivos fiscales con los que el Gobierno pretende potenciar las sociedades inmobiliarias dedicadas al alquiler (tipo reducido del 5 por ciento) quedan en gran parte neutralizados por la cantidad de salvedades y requisitos necesarios para su aplicación: la superficie de la vivienda no podrá exceder de 110 metros cuadrados; dedicación específica al alquiler de, al menos, 10 viviendas; opción de compra a favor de un tercio de los inquilinos a partir de los cinco años del inicio del arrendamiento; y que el incremento anual del alquiler habrá de estar 0,75 puntos por debajo del IPC.
Si el verdadero objetivo del Gobierno es potenciar el mercado de alquileres a través de los incentivos fiscales, no tiene mucho sentido poner límites inferiores al número de viviendas en alquiler. Tampoco lo tiene incluir la opción de compra –exigencia, por otra parte, fácilmente esquivable si el precio es suficientemente alto– cuando se exige a la empresa beneficiaria que se dedique específicamente al alquiler de inmuebles. O imponer a la subida de las rentas límites inferiores al crecimiento del IPC. O reservar el tipo ultrarreducido del 1 por ciento a las sociedades en que los alquileres con opción de compra sean del cien por cien, cuando tal requisito no existe para las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, a las cuales también se les aplica el tipo del 1 por ciento. Sobre todo cuando existe el riesgo de que las promotoras inmobiliarias se sirvan del régimen del alquiler con opción de compra para ahorrarse una parte sustancial del Impuesto de Sociedades proponiendo a los compradores un alquiler previo por cinco años de la vivienda que pretenden adquirir a cambio de una rebaja en el precio de venta al contado.
Persiste en el PP ese temor a los “excesos liberales” que le impulsa a descafeinar sus reformas con medidas intervencionistas. Aun a riesgo de convertirlas –como suele ocurrir con frecuencia– en instrumentos para la evasión fiscal selectiva.
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