Desde este diario hemos felicitado en muchas ocasiones al Gobierno por el acierto general de su política económica, antes incluso de que algunas de las medidas aplicadas produjeran sus frutos. Los datos del desempleo correspondientes al pasado mes de abril –más de 104.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social con una reducción del paro en 61.000 personas, unas cifras no alcanzadas desde 1998– han sido calificados por el presidente del Gobierno, con razón, como “verdaderamente espectaculares”. Especialmente cuando las principales economías del mundo, incluidas las de nuestros socios europeos, atraviesan una coyuntura recesiva, circunstancia que viene a confirmar nuevamente ese acierto en la gestión de la economía española que ha caracterizado a los gobiernos del Partido Popular.
La cifra de nuevos empleos creados desde 1996 ya ha sobrepasado con creces la cota de los cuatro millones, quedando situada la tasa de paro sobre la población activa por debajo del nueve por ciento, cuando hace apenas siete años esa tasa se elevaba al 25 por ciento. Con los datos de abril, la tasa de desempleo se ha acercado bastante a la que los economistas suelen calificar como “friccional” o de pleno empleo técnico, que en el caso de los cabezas de familia ya ha sido alcanzado en la práctica.
Merece la pena destacar que la mejora en las cifras de empleo ha recaído fundamentalmente en los sectores de la población activa tradicionalmente más castigados por el desempleo. Tres quintas partes de esos más de cien mil nuevos contratos han sido firmados por mujeres –y de ellos el 44 por ciento son estables– con lo que la distancia entre las tasas de desempleo femenino –13,18 por ciento, la más baja de los últimos veinte años– y masculino –6,02 por ciento– sigue reduciéndose. Además, la mayor disminución del desempleo en términos porcentuales se ha dado entre los menores de 25 años, en su mayoría demandantes de un primer empleo. Incluso hubo una ligera reducción de la cifra de parados entre los mayores de 55 años, el grupo de edad donde tradicionalmente se han concentrado los parados de larga duración.
Las causas más directas de estas esperanzadoras cifras hay que buscarlas principalmente en la disminución de los costes del despido –una vez más se confirma que las barreras al despido son también barreras a la contratación– y en el descenso de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a las mujeres, a los demandantes de un primer empleo y a los mayores de 50 años. Y no cabe duda de la disminución de los impuestos directos al trabajo (IRPF) ha contribuido a hacer más atractiva la actividad laboral, lo que explicaría en parte el acentuado incremento de la población activa durante el primer trimestre del año (119.600 nuevos demandantes de empleo), que si en un principio no pudo ser absorbido completamente por la creación de empleo (55.100 nuevos puestos) durante ese periodo, ha quedado ya integrada en la vida laboral en el pasado mes de abril.
Y en cuanto a las causas indirectas, las más importantes, no cabe duda de que hay que buscarlas en los bajos tipos de interés que hace posible la moneda única, cuyas exigencias de control del gasto y de disciplina presupuestaria, que el Gobierno ha llevado más allá de los parámetros exigidos por la Unión Europea, han posibilitado la creación de un ambiente de certidumbre financiera y monetaria ideal para que las empresas acometan proyectos de inversión a medio y largo plazo, que son los que generan empleo estable y productivo.
A pesar del balance altamente positivo que en materia de economía y empleo puede presentar el Gobierno de cara a la próxima convocatoria electoral, la gestión del gabinete de Aznar tiene algunos puntos negros. Especialmente la inexplicable e inexplicada marcha atrás en una reforma laboral que hubiera podido acelerar aún más la reducción del desempleo dotando de mayor flexibilidad a nuestro mercado laboral, que aún conserva una considerable dosis de rigidez. Pero los errores del Gobierno en materia económica han sido fundamentalmente cuestión de grado –y siempre por defecto–, no de esencia. Por ello, las alternativas viables a la política económica de Aznar no pueden apartarse mucho de la senda que su gobierno ha marcado en estos últimos siete años, como muestran los casos de Francia y Alemania.
Superar la ejecutoria del PP en materia de política económica supone ya de por sí un arduo reto para cualquier partido que aspire al gobierno. Pero en el caso del PSOE todo indica que es misión imposible, habida cuenta de que su portavoz parlamentario, Jesús Caldera –que atribuye los buenos datos de abril a la Semana Santa–, y su responsable de política económica, Jordi Sevilla –quien se permite dudar de la exactitud de los datos del INEM y de la Seguridad Social porque contradicen los de la EPA del primer trimestre–, no son capaces de ponerse de acuerdo en una valoración común sobre los últimos datos de empleo. El PSOE todavía tiene pendiente de elaborar su programa económico, y por su propio interés, como ha señalado Aznar, más les valdría dejar de una vez la pancarta y ponerse a trabajar en serio sobre una alternativa creíble al gobierno y la política del PP.
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